Centro Tsomaveni, un pueblo asháninka amenazado por narcos y colonos
Una historia que se repite. Luego de escapar de sus secuestradores de Sendero Luminoso, los asháninkas regresaron a sus tierras y las encontraron invadidas por colonos y cultivos de hoja de coca. La pesadilla no termina.
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“El mensaje es claro: mientras no nos metamos con ellos (los colonos), estaremos tranquilos. Desde la última vez que fuimos a reclamar ya no hemos vuelto por temor. Aquí nos quedamos tranquilos”, relató ‘Lince’, un poblador asháninka del Centro Tsomaveni, ubicado en el distrito de Pangoa, en la provincia de Satipo (Junín).
“Ellos saben de todos nuestros movimientos, saben cuándo presentamos documentos reclamando sobre las invasiones”, mencionó otro indígena de apelativo ‘Delfín’. Aquí en Centro Tsomaveni nadie quiere hablar a menos que sea mediante un sobrenombre. Temen la represalia de los colonos y de sus socios, los narcotraficantes. El miedo no es de ahora.
En los años 90, los terroristas de Sendero Luminoso arrancaron a varias comunidades asháninkas de sus tierras y los esclavizaron. Cuando regresaron después de varios años a sus pueblos, los indígenas que sobrevivieron al brutal desplazamiento forzado encontraron a los colonos que habían invadido sus predios y sembrado hoja de coca para el narcotráfico.
Según el monitoreo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), cuyos resultados fueron presentados este año, los cultivos de hoja de coca tuvieron un crecimiento brutal en 2022. Específicamente en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, los sembríos de cocales aumentaron en 343% entre 2018 y 2022, según el reporte de Devida. El incremento explosivo se debe especialmente a que los colonos han destinado los terrenos arrebatados a los asháninkas, al cultivo masivo de hoja de coca.
Por eso el temor a reclamar.
Producción. Hasta cuatro cosechas de hoja de coca se registran en la zona, según la PNP. Foto: John Reyes/La República
Nación indígena invadida
El presidente de la Organización de Comunidades Asháninkas de Río Ene Pangoa (OCAREP), Elí García Rivera, vive amenazado por las organizaciones de narcotráfico por luchar contra los colonos invasores y promover el cultivo alternativo en su comunidad.
Elí García cuenta con la protección del Comité de Autodefensa dentro de su territorio, y cuando abandona o retorna a Centro Tsomaveni, tiene que reportarlo a la comisaría de Pangoa.
La invasión de colonos originó la creación de cuatro centros poblados a partir de 2007, los que fueron legalizados por la municipalidad de Pangoa, al margen de la opinión de la comunidad nativa de Centro Tsomaveni, que es obligatorio por ley. Esas comunidades de colonos son Nueva Esperanza, Campo Verde, Valle Azul y Alto Montaro, muy apartado de la comunidad indígena. Se requiere de 12 horas de caminata para llegar.
“OCAREP pidió a la Municipalidad de Pangoa la nulidad del reconocimiento de las comunidades de los colonos, pero fuimos rechazados. Luego solicitamos las actas de nuestra comunidad aceptando la presencia de esas comunidades en nuestro territorio. No lo hicieron”, dijo un miembro del pueblo asháninka con conocimiento del caso.
Confesión de parte
El actual alcalde de Pangoa, Óscar Villazana Rojas, fue el mismo que en una gestión anterior autorizó que los terrenos invadidos se convirtieran en centros poblados. Villazana prometió a los asháninkas anular las resoluciones, pero luego se desdijo argumentando que no deseaba crear un conflicto territorial.
Eber Miguel Híjar, a cargo de la oficina de Gestión Territorial de la Municipalidad de Pangoa, reconoció a La República que los centros poblados de los colonos fueron reconocidos sin cumplir los procedimientos.
Dirigentes. Asháninkas reclaman a la Municipalidad de Pangoa por no haber escuchado a la población frente a los colonos. Foto: John Reyes/La República
“Estos centros poblados son reconocidos a partir de 2007 obviado el procedimiento de la ley. Para reconocerlos hay un reglamento y procedimientos técnicos, legales y administrativos que debieron ser sustentados. Bien claro, dice que no pueden estar en una propiedad privada y las comunidades nativas son propiedades privadas inscritas en registros públicos. No sé de qué forma los autorizaron. Entrando los nuevos funcionarios hemos puesto este caso en el despacho de asesoría jurídica”, expresó Eber Miguel.
Pangoa está en el ámbito del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la zona de mayor producción de cultivos de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína.
La comunidad nativa de Centro Tsomaveni cuenta con una extensión de 48.000 hectáreas. Según cálculos de los propios pobladores, alrededor de 2.500 hectáreas han sido invadidas por los colonos, quienes destinan las tierras al cultivo ilegal de hoja de coca. Además de asháninkas, en la zona habitan pobladores de la etnia nomatsigenga. Este es otro de los pueblos indígenas amazónicos afectados por el narcotráfico.
Fuentes de la Policía Antidrogas en el área hasta donde llegó La República, que la producción de hoja de coca de las 2.500 hectáreas cultivadas permiten por cada cosecha 39 toneladas de pasta básica. Lo que podría convertirse en 124 toneladas de clorhidrato de cocaína.
Pero en la misma comunidad asháninka no se procesa el clorhidrato de cocaína. Fuentes de inteligencia de la Policía Antidrogas han logrado descifrar la forma en que los invasores trabajan con los narcotraficantes y el proceso de su conversión a droga.
Los colonos invasores, además de vender hoja de coca a los narcotraficantes, también alquilan terrenos a las organizaciones de la droga para instalar sus pozas de maceración y se lleven el producto convertido en pasta básica. Se estima que el 50% de la pasta básica que se produce sale de la comunidad asháninka con destino al Vraem para su conversión en clorhidrato de cocaína y luego acondicionada para la exportación.
La otra mitad de la producción de hoja coca es sacada de la comunidad nativa e ingresada al corazón del Vraem, como en los centros poblados de Canayre, Santa Rosa y Mayapo (Ayacucho) donde se convierte en cocaína.
La droga es trasladada de la zona por distintas rutas hacia Madre de Dios, Puno y Lima, pero, principalmente, se dirige a la provincia de Atalaya, en Ucayali, para ser sacada del país y llevada a Bolivia mediante vuelos clandestinos.
Los asháninkas no hablan de este comercio subterráneo, clandestino, en las sombras, porque saben que pueden perder la vida.
Punto de salida. Parte de la coca que sale del Centro Tsomaveni va a las pistas de Atalaya. Foto: difusión
‘Jota Jota’, ‘Leche’ y ‘Chavo’
Las principales organizaciones de narcotráfico que se benefician con los cultivos de hoja de coca en Centro Tsomaveni (provincia de Satipo, Junín) son las de Emerson Quispe Pariona, ‘Chavo’; Yover Auccatoma Leche, ‘Leche’; y Jorge Allende La Fuente, ‘Jota Jota’.
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Emerson Quispe fue asesinado en enero pasado por sicarios de otra organización del narcotráfico. Pero miembros de su familia han tomado la posta y mantienen sus actividades de tráfico, de acuerdo con fuentes de la Policía Antidrogas.
Los narcotraficantes ‘Leche’ y ‘Jota Jota’ están presos, sin embargo, las fuerzas antinarcóticos han detectado que continúan coordinando la producción y exportación de cocaína desde la cárcel.
Datos
Escenario. “Para la población, cultivar la hoja de coca es su único ingreso para vivir”, dijeron fuentes antinarcóticos.
En contra. “En el Vraem la Policía Nacional no puede trabajar al 100% porque la población defiende a la coca y a los narcos”, añadieron las fuentes.
El dato
Los asháninkas prefieren no hablar con periodistas por temor a la represalia de los colonos y narcos. Esta es una vista subrepticia del Centro Tsomaveni.
Periodista de investigación del diario La República. Soy Comunicadora Social egresada de la Facultad de Letras y Humanidades de la UNMSM. Llevo 23 años realizando la labor de reportera en la Unidad de Investigación del diario, donde me he especializado en abordar temas de seguridad nacional, derechos humanos, narcotráfico y terrorismo.
