Los líderes indígenas asesinados por defender su territorio

A ellos los mataron por defender la vida, sus tierras y la naturaleza.

Las historias de Mauro Pío, Emilio Marichi, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo, Jorge Ríos, Cristian Jaba, Arbildo Meléndez, Gonzalo Pío y otros, son desconocidas para casi todos los peruanos. Pero debían significar mucho.

Ellos decidieron, sin ayuda del Estado, enfrentar a los que están acabando con los bosques en nuestra Amazonía, y dejaron la vida en esta lucha.

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Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), representante de nueve organizaciones indígenas, 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas, en los últimos diez años han sido asesinados 32 líderes y lideresas indígenas por defender sus territorios y bosques.

Ellos pertenecían a los pueblos originarios kichwa, kakataibo, asháninka, nomatsiguenka, yanesha y kukama.

Sin embargo, para la Coordinadora nacional de Derechos Humanos, en ese mismo periodo, entre 2013 y 2023, serían 45 los defensores ambientales que han sido asesinados en el Perú.

Están sin protección

Esta lucha por la vida y la defensa de los territorios frente a la presencia de mafias y sicarios dedicados a actividades ilegales como la tala, minería, tráfico de tierra y narcotráfico, no cuenta con apoyo de las autoridades.

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El asesinato de Quinto Inuma Alvarado, apu kichwa de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, región San Martín, no es un caso aislado.

La lideresa kichwa de Chazuta, Marisol García Apagueño, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), asegura que en la región de San Martín hay otros siete líderes indígenas que han solicitado medidas de protección por las amenazas que viven en sus territorios. Denuncia que ninguno de ellos ha recibido respuesta. “Yo misma no tengo medidas de protección. Siempre que reclamamos nos dicen que no son casos graves”, dice.

Por su parte, el exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam) Mariano Castro Sánchez Moreno, actual director del Programa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), califica de “abominable” el asesinato de Quinto Inuma, porque en su caso, las denuncias realizadas por el líder indígena y pedidos de ayuda fueron reiterados.

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Y por ello se pregunta “¿qué otra crueldad debe ocurrir para garantizar un entorno seguro, propicio, y asignar recursos para personas defensoras de los derechos humanos?”.

Víctimas de las mafias

El primero de estos 32 líderes asesinados fue Mauro Pio Peña, jefe de la comunidad Nativa Nuevo Amanecer Hawai. Fue atacado la noche del 27 de mayo del 2013 cuando estaba por ingresar a su casa en la provincia de Satipo, región Junín.

De acuerdo con la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central ARPI-SC., sicarios contratados por traficantes de tierras lo atacaron. Unos días antes, había sido amenazado por un grupo de delincuentes dedicados a promover invasiones de tierras.

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Esa fue una señal de la gravedad de la situación. En el 2014 fueron victimados cinco defensores, entre ellos Edwin Chota. Un año después fue asesinado el activista ambiental Alfredo Vrako, conocido como el “Protector del Bosque”.

De acuerdo con Aidesep, en el 2019 fue asesinado Cristian Java, y en el 2020, en plena pandemia del Covid-19, las mafias mataron a 9 apus y defensores de la naturaleza: Arbildo Meléndez, Gonzalo Pío, Lorenzo Wampagkit, Roberto Pacheco, Benjamín Ríos, Mario López, Wiliam López, Elix Ruiz y Lorenzo Cominti murieron protegiendo los bosques.

Un año después cayeron victimados Santiago Chota, Estela Casanto, Herasmo García, Yenes Ríos, Lucio Pascual, Santiago Meléndez y Luis Tapia, mientras que en el 2022 murieron Jesús Atayhua, Nusat Benavides, Gemerson Pizando, Ulises Rumiche y Vilca Ampichi.

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Este año, las organizaciones criminales no perdonaron a Santiago Contoricón y tampoco a Quinto Inuma.

Nueve años buscando justicia

Al ver las fotografías de sus esposos, no pueden contener las lágrimas. Sus rostros se aquietan durante unos segundos recordándolos. Hablan bajo entre ellas, hasta que llega el momento de alzar su voz. Entonces, unidas, reclaman: “Los mataron por defender nuestros bosques”.

Julia Pérez, Ergilia Rengifo y Lita Rojas han tenido que volver a la Corte Superior de Justicia de Ucayali para testificar en el reinicio del juicio oral.

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Julia recuerda que el 31 de agosto del 2014, su esposo, Edwin Chota Valera, partió por río con otros tres dirigentes de Saweto hacia la comunidad indígena de Apiwtza, en Acre, Brasil. Allí se había organizado una reunión entre defensores del bosque que abarca ambos lados de la frontera.

Como jefe de Saweto, Chota luchaba contra las mafias de taladores ilegales que operaban impunemente en su pueblo.

Al día siguiente, Chota y los dirigentes Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados.

Han pasado nueve años y la búsqueda de justicia ha constituido otro recorrido tortuoso para las viudas de Saweto.

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El primer juicio oral contra los asesinos de nuestros hermanos de Saweto concluyó en febrero de este año con una condena de 28 años de prisión para los asesinos. Sin embargo, en agosto, la Sala de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral.

“Ya estoy cansada, son nueve años de lucha y no tenemos justicia”, dice Julia Pérez, viuda de Edwin Chota. Las familias también están amenazadas.

Wilfredo Tasmash, presidente la Codesipam, señala la falta de cobertura en la protección a los comuneros amenazados. Según el dirigente, se necesita mayor apoyo “en algunas zonas que son críticas” por la presencia de sicarios al servicio de traficantes de terrenos, de taladores y del narcotráfico.

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Quinto Inuma: “Soy un líder protegido solo en el papel”

“Soy una persona protegida por el Estado, pero eso solo es en el papel”, dijo Quinto Inuma el 25 de noviembre, en un evento del Fondo Socioambiental del Perú. Hace dos semanas, le dijo a un dirigente: “Sé que me van a matar, qué irá a ser de mi familia”.

Pero no fue la única vez que el apu de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu denunció la indiferencia del Estado ante las amenazas que sufría. También lo hizo el 10 de octubre del 2022 al descubrir una depredación de 20 hectáreas de bosques primarios en su comunidad.

Ese día hizo un llamado a la Fiscalía del Medio Ambiente y a la autoridad regional ambiental para que asuman el caso y responsabilizó a Julio Barbarán, un agente municipal, al teniente gobernador y a un oficial de la PNP.

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Muertes pudieron evitarse

Enfoque. Miguel Guimaraes V., vicepresidente de Aidesep

El asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado suma una nueva víctima a la violencia desatada en la Amazonía peruana y coincidió con el comienzo de la COP28 en Dubái (Emiratos Árabes), donde se discute la urgente acción frente a la crisis climática. La Amazonía se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para los defensores indígenas debido al poder creciente de actores criminales que van controlando cada vez más esta parte del territorio nacional.

Son más de 31 defensores asesinados desde el año 2013 en el Perú, según el SAAT de Aidesep. Las medidas tomadas por el Estado y la cooperación internacional no están logrando disminuir ni los atentados ni el ritmo de invasiones de las actividades ilegales en los territorios indígenas.

Los líderes indígenas asesinados tenían medidas o garantías de protección y habían denunciado las amenazas contra sus vidas. Las muertes pudieron haberse evitado.

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Datos

Intervenido. Ayer, los agentes de Homicidios intervinieron a Diego Vera Pardo en una cabaña donde se halló una retrocarga, botas, armas caseras (tramperos).

Peritajes. Las armas serán sometidas a peritajes para corroborar o descartar si fueron usadas en el crimen de Quinto Inuma, dijo el coronel Víctor Revoredo.