Comunidades awajún y wampis alertan por avance de la minería ilegal en Condorcanqui: denuncian más de 60 dragas
Voceros de la zona advierten sobre la contaminación de los ríos Cenepa y Santiago, los conflictos sociales y la presunta participación de menores en actividades mineras. Exigen una intervención urgente del Estado y alternativas económicas para sus comunidades.
La República en GoogleEn Condorcanqui, Amazonas, los ríos son mucho más que corrientes de agua, son el sustento y parte de la vida cotidiana de las comunidades Awajún y Wampis. Pero el territorio hoy está bajo amenaza. Sus pobladores denuncian la presencia de mercurio en las aguas y peces con heridas que, según sostienen, estarían relacionadas con la contaminación minera. Mientras las dragas avanzan por los ríos, ellos temen que aquello que durante generaciones les ha dado alimento termine convirtiéndose en un riesgo para su salud y su futuro.
Más de 60 dragas en el río Cenepa
Jotam Valverde, vocero del pueblo Wampis del distrito de Río Santiago, sostiene que la situación requiere una respuesta urgente. Según su estimación, en el río Cenepa se han identificado más de 60 dragas, mientras que en el sector del Bajo Santiago operarían entre cinco y 10. El vocero teme que la actividad se extienda a más zonas si las autoridades no intervienen. También considera que la falta de oportunidades económicas contribuye a que algunos pobladores terminen vinculados con estas actividades.
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"Estamos ya amenazados por la minería ilegal, pero también es culpa del Estado, porque muchas veces las comunidades por necesidad entran en trabajos ilegales", afirmó.
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Su declaración apunta a una problemática que, según los representantes indígenas, no puede abordarse únicamente mediante intervenciones policiales. Para Valverde, la ausencia de alternativas productivas también debe formar parte de la discusión.
La agricultura y la piscicultura son actividades importantes para las familias de Río Santiago. El plátano y el cacao, por ejemplo, podrían convertirse en fuentes de ingresos más estables si los productores contaran con mejores vías de conexión, acceso a mercados y apoyo para comercializar sus productos.
"La solución tiene que ir con una alternativa, que es lo que damos para que puedan dejar de trabajar sobre temas ilegales", sostuvo.
Ríos bajo sospecha y preocupación por la salud
La alerta ambiental también ocupa un lugar central en los testimonios de los dirigentes. Emilio Shimpukat, vocero de las comunidades awajún y wampis advierte que las operaciones mineras podrían estar afectando los ríos de los que dependen las familias para alimentarse y desarrollar sus actividades cotidianas.
Según denunció, el uso de mercurio y otras sustancias en las operaciones mineras genera preocupación por sus posibles efectos sobre el agua y los recursos hidrobiológicos. "Los peces salen con heridas, ya no se puede consumir" manifestó Shimpukat, al describir lo que, según su versión, estaría ocurriendo con los peces en la zona. El dirigente también mencionó el caso de la comunidad de Chipe, en el río Marañón, donde la actividad minera habría deteriorado terrenos destinados al cultivo de plátano.
Conflictos sociales y presunta presencia de menores
Las denuncias de los representantes indígenas van más allá del deterioro ambiental. Shimpukat también alertó sobre enfrentamientos, muertes y presuntos delitos contra integrantes de las comunidades en zonas donde se desarrolla la actividad minera.
A ello se suma la presunta participación de menores de edad en operaciones vinculadas con la minería, una situación que, de confirmarse, exigiría investigar posibles vulneraciones de sus derechos y eventuales delitos. Los voceros piden que las autoridades competentes investiguen estos hechos y determinen responsabilidades. Para ellos, la expansión de la minería ilegal no solo amenaza el entorno natural, sino también la seguridad de las familias y la convivencia en sus territorios.
Una respuesta que no termine en los operativos
Los representantes awajún y wampis reclaman mayor presencia policial, recursos logísticos para intervenir en las zonas afectadas y coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales.
Pero su demanda central es que la respuesta estatal no se limite a retirar dragas. También solicitan programas que fortalezcan la agricultura, la piscicultura y otras actividades capaces de generar ingresos sostenibles.
"Nosotros como jóvenes hacemos un llamado urgente a la intervención del Estado", expresó Valverde, al insistir en la necesidad de que las autoridades atiendan la situación que denuncian las comunidades. Solicitó la atención del gobierno regional de Amazonas, conjuntamente con el ministro de Ambiente, Vladimiro Huaroc, más los senadores y diputados, representantes de esta zona de la selva.
Asimismo, destacaron la presencia del diputado Harvey Colchado, quien realizó visitas inopinadas a la provincia de Condorcanqui para verificar los hechos que se presentan.
En Condorcanqui, la discusión no se reduce a cuántas dragas operan en los ríos. También plantea qué respuesta dará el Estado a las comunidades que alertan sobre la pérdida de sus espacios de vida y reclaman condiciones para decidir su futuro sin que la necesidad económica las empuje hacia actividades ilegales.
