Hola colegas.

Comprendo la tension que genera este debate, especialmente porque da la impresion de que se trata de un enfrentamiento Lima-provincias o de una soterrada lucha de clases. En primer lugar, los historiadores, como lo señala un colega en algunos de los post, somos encargados de elaborar la memoria historica como ejercicio profesional, pero no somos los unicos que nos encargamos de ello. ¿Acaso nosotros mismos no utilizamos metodologias de otras disciplinas para esa labor? ¿O solo utilizamos metodologia de historiador? (que en la mayoria de casos se concentra en el uso de la critica documental, originada en la critica literaria.). ¿Acaso otras disciplinas estan incapacitadas de enfrentar un estudio de caracter historico? ¿Alguien podria afirmar que varios de los trabajos de Nelson Manrique no son de historia? Recuerden tambien que hay ilustres casos de historiadores que ejercieron el periodismo, ejerciendo el "intrusismo" en otras disciplinas. ¿Y los que hacen historia de la medicina? (Pienso en Miguel Rabi, recientemente fallecido y que era medico) ¿Acaso no se ganó "en la cancha" el derecho a ser llamado historiador de la medicina? No discuto si los historiadores de un lugar u otro estan mejor capacitados, sino discuto el hecho de que la labor de historiador, como el Colegio la plantea solo sea privilegio de quienes se han graduado de tales y no de otros, por ejemplo, de docentes que con mucho sacrificio hacen de historiadores locales.
Ahora, no se trate de ver en esto un asunto de elitismo de la catolica o de cualquier otra institucion limeña. Por si acaso no todos los que hemos estudiado en la catolica venimos de colegios privados y barrios de clase media, esa es una imagen falsa. Ni tampoco la maestria o doctorado automaticamente aseguran mejores empleos, o la presencia en instituciones como el IEP u otras asegura la investigacion. La investigacion en general se realiza, tanto en la PUCP como en otros lugares, en contra de la corriente nacional que no tiene politicas favorables a ella. Nuestros problemas son similares. No creo que un colegio resuelva el problema del empleo de los historiadores. La mayor parte de nosotros nos dedicamos a la docencia y alli mas bien nosotros somos intrusos, pues no tenemos titulo de pedagogia (ahora la ley lo exige para el nivel escolar y eso es efecto de los gremios).
Si estoy de acuerdo con una asociacion nacional, representativa de los historiadores en ejercicio y que abogue por politicas positivas de investigacion, pero sin discriminaciones acerca de que deben ser historiadores con titulo los que deben ejercer el oficio, y ninguno otro mas. Si el problema es que uno se mata 5 o mas años estudiando y que no hay derecho de que otro venga y se titule historiador no se resuelve con el Colegio. Recuerden que tanto el colegio de abogados como el de medicos se crearon justamente para dejar fuera de accion a quienes sin llevar el titulo respectivo resolvian problemas concretos de la poblacion: desde herbolarios tradicionales (por si acaso los medicos los perseguian), que guardaban un saber popular que hoy recien se rescata y que demuestra ser muy util; hasta la incapacidad que tenemos hoy de defendernos personalmente frente a los tribunales. Como es conocido, hoy para comunicarse con un juez solo se puede hacer por medio de un abogado colegiado ¿es eso mas democratico? No digo que sea mejor o peor en terminos de resultados, sino que ni siquiera tenemos opcion. Es posible que muchos de los encausados se pueda defender mejor por si mismo que recurriendo a los entramados legales que han alejado el derecho de la gente comun. ¿Acaso queremos que la historia como practica se aleje de las personas concretas, de aquellos que sin estudios pudiesen por su practica ganarse en la cancha legitimamente el derecho a ser llamados historiadores? Hubo una epoca en que se pensaba en la "historia popular", la nocion romantica de que la gente podían contar su propia historia. Paradojicamente, considero que el Colegio no va a democratizar la practica de la historia, por el contratrio, probablemente a pesar de los ideales de sus impulsores, solo produciria el efecto contrario de alejar la practica de la historia de la gente real al consagrarla solo para los licenciados. Y yo quiero lo contrario, por eso me hice historiador.

Jesús A. Cosamalón Aguilar
Departamento de Humanidades of. 114
Pontificia Universidad Católica del Perú
Telf. 6262000 anx. 4422

Ante la noticia de la discusión del Proyecto de Ley N. 904/2006 – CR en la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, presidida por la parlamentaria Cenaida Uribe, por el cual se propone crear el Colegio de Historiadores del Perú, deseo dejar constancia de mi rechazo a dicha propuesta, por considerar que carece de fundamento y que antepone los intereses personales a los de las personas que nos desempeñamos como historiadores dentro y fuera del país. El proyecto de ley fue presentado y ha sido impulsado por la Asociación de Historiadores Región Sur (AHIRSA), con sede en Arequipa y presidida por el Sr. Enrique Ramírez Angulo.

En primer lugar, mi rechazo se basa en que se trata de un documento que no solo ha sido pésimamente redactado sino cuya fundamentación (académica, técnica y legal) no tiene base ni se apoya en estudios técnicos ni de ningún otro tipo. La intención manifiesta de la AHIRSA es la de manejar una institución que se encargue de regular y controlar el ámbito laboral de los historiadores, permitiendo que solo puedan ocupar puestos de trabajo quienes han obtenido la licenciatura de historia. Aquellos que, por diversas razones, no la hayan obtenido, aun cuando hayan seguido estudios de posgrado (maestría o doctorado), no estarían en posición de ejercer la profesión. Así, el Colegio de Historiadores dirigido por la AHIRSA se encargaría de velar por depurar y erradicar «el intrusismo profesional y la autonominación como historiadores que se hacen personas que no lo son», según reza el proyecto en cuestión.

En segundo lugar, la AHIRSA no puede atribuirse el derecho de expresarse en nombre de los historiadores que se desempeñan a nivel profesional, en aras de monopolizar el control de la institución que proponen crear. Esto se deduce claramente del número de puestos que se adjudica la AHIRSA en la Comisión que daría forma al Colegio de Historiadores. De los ocho puestos, se adjudican tres de ellos, lo que les daría la posibilidad de elegir a los miembros de la Junta Directiva o del Consejo Ejecutivo que regirían de forma permanente.

¿A mérito de qué viene esta propuesta? En los últimos meses en la web han aparecido propuestas similares para países como España y Guatemala, en las que se incluyen comentarios de historiadores de dichos países que afrontan una mala situación laboral y que consideran que un Colegio de Historiadores podría poner fin a esta situación al permitir únicamente que los historiadores con título puedan trabajar en determinados puestos. Según se desprende de los comentarios de historiadores en un foro sobre el tema (en el que participan también peruanos), existiría un malestar porque los programas de posgrado permiten que personas que no han seguido la carrera de Historia ni se han licenciado puedan obtener un grado de Magíster o Doctor y ejercer, quitándole así la posibilidad a los egresados de las facultades. Además, se asume que un Colegio de Historiadores lucharía por los intereses de los profesionales, a la manera de un sindicato, y que velaría por nosotros. Curiosamente, las quejas también provienen de México, país que cuenta con un Colegio, el Colegio de México.

No tenemos informes que demuestren que la creación de colegios o instituciones similares hayan traído una mejora significativa en las respectivas áreas profesionales de Humanidades y Ciencias Sociales. Tendríamos que asumir que una instancia de esta naturaleza ayudaría a resolver los problemas que enfrentan los historiadores. Ya se han creado colegios de arqueólogos y de bibliotecarios. ¿Eso ha llevado a solucionar sus problemas? Por lo que conversado con algunos amigos de estas profesiones, la respuesta es negativa. La situación es completamente distinta para áreas como la Medicina, la Arquitectura y la Ingeniería, donde la responsabilidad social es mucho mayor por lo que se requiere que efectivamente haya un filtro que regule la titulación de los que dicen ser egresados de dichas facultades. En las Humanidades y las Ciencias Sociales, el espectro es diferente, ya que el número de profesionales es considerablemente menor y los profesionales se hallan en estrecho contacto con las Universidades, las cuales regulan la actividad laboral y el desempeño ético de sus miembros.

He recibido un correo con un archivo acerca de la gestación de un colegio profesional de historiadores en el congreso de la república. Este proyecto viene desde hace un tiempo propuesto por una Asociación de Historiadores de la Región Sur de Arequipa e impulsado por un coterraneo suyo en el congreso, el sr. Juan Carlos Eguren del PPC. Personalmente nunca me agradó la idea de tener un ente burocrático que me supervisara (excepto mis asesores de tesis) en las labores de investigación histórica que aunque no muchas las tengo. Pero tal como dice el proyecto El Colegio de Historiadores tiene como fin "el correcto ejercicio de la profesión de sus miembros, dentro de criterios éticos, de libertad, legalidad y de interés público". La verdad es que resulta fuera de toda lógica pensar que la labor de un historiador, considerado por el susodicho proyecto como una labor "científica y humanista" pueda sujetarse a criterios éticos de libertad, legalidad y de interés público bajo pena de ser ser sancionado disciplinariamente según Estatutos del Colegio.

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Eso quiere decir que desde la dación de esa ley solo podremos escribir historias al gusto de los políticos o de aquellos que dicen representar el interés público, dictado por sabe Dios quién o qué censor público o privado, nombrado o autonombrado a sí mismo como un defensor de la ley o del llamado interés público. Si esto hubiera sido desde antes así nunca no hubiesemos terminado de escuchar la sarta de sandeces que poblaron las versiones "oficialistas" de la historia peruana que decían que la independencia en 1821 fue una labor exclusivamente peruana y donde todos los "peruanos" participaron entusiastamente a su favor o que la guerra con Chile fue una gesta heróica de las elites criollas cuando sabemos que en ambos acontecimientos hubo un vertedero de conflictos étnicos y sociales internos provocados precisamente porque los mismos peruanos nunca resolvimos nuestras malquerencias (Recordemos lo que dijeron Heraclio Bonilla y Karen Spalding en su tiempo, de hecho Bonilla anduvo perseguido por esto).

La labor del historiador no es ser complaciente con versiones "nacionalistas" ni con ninguna otra, vengan de donde vengan, si no es por el tamiz mismo de la crítica y el debate público, no por la ley y el interés público como dice el texto en su artículo 4 incisos a y b. De ser así nunca hubieramos avanzado en reconocernos como una sociedad con fracturas sociales profundas y enormes contradicciones que hasta hoy no se resuelven. El propio informe final de la comisión de la verdad y la reconciliación, un documento histórico que narra esas profundas desigualdades y conflictos sociales que llevaron a la sociedad peruana a dos décadas de violencia en el país, es un reflejo fiel de lo desgarrado que somos como sociedad para masacrarnos mutuamente y convertir a este país en un baño de sangre. Este documento a pesar de ser histórico historiograficamente hablando no ha creado el consenso para ser aceptado por toda la sociedad. ¿Hubiera necesitado esa comisión también la autorización gremial para no usurpar las funciones de historiadores y decir algo que complaciera a todo el auditorio? Ya vimos lo que respondió el antropólogo Carlos Iván Degregori en su calidad de profesional cuando fue cuestionado por el abogado defensor de Fujimori sobre la validez de sus opiniones en esa comisión al mismo tiempo que buscaba descalificarlo en pleno juicio de su patrocinado por dar sus opiniones por no estar afiliado a ese fantasmal Colegio de Antropólogos del Perú, para entonces Degregori dijo que más que antropólogo hablaba como un ciudadano muy bien documentado e informado.

Esto plantea una cuestión fundamental: ¿se necesita un permiso institucional para la construcción de la memoria? y si debe ser así (cosa que no creo) quién debe administrarla ¿solamente los historiadores? Más bien creo que la memoria y el pasado son muchos discursos que se construyen al calor de las contradicciones del debate público que no requiere más autorización que la polémica misma. Esto me plantea además una segunda cuestión. Dice el proyecto que para investigar historia se requiere de titulación profesional y estar inscrito en el colegio de historiadores para evitar lo que se llama "el intrusismo profesional" (2º artículo del proyecto de ley). Esto desmiente ominosamente la larga lista de historiadores que se ensalza en el propio documento presentado, en las paginas 2 y 3, que señala precisamente que no eran historiadores profesionales quiénes construyeron nuestra identidad desde el pasado.

Curiosamente todos ellos plantearon visiones discrepantes a la sociedad de su época y desde luego a la ética predominante de las buenas costumbres o del llamado "interés público". Por eso el mestizo Garcilazo de la Vega terminó en un autoexilio en España porque no se le reconocía un espacio en la sociedad colonial, la obra del indio Guamán Poma fue olvidada en alguna biblioteca europea, el republicano radical Jorge Basadre Grohman respiró soledad intelectual durante su época de gran historiador, el propio novecentista José de la Riva Agüero terminó arrinconado por su propia clase social y solo pudo volver a a ella menos democrático y más autoritario que nunca, el comunista subversivo José C. Mariategui fue igualmente olvidado durante varias décadas hasta su recuperación cuatro décadas después. Y ¿que hay de quiénes quieran escribir historias consideradas poco patrióticas o que fueron subversivas en su momento (p.e. las historias del APRA en 1930 y 1940) o que quieran descubrir el maltrato oficial y socialmente legitimado dado a grupos étnicos minoritarios como los japoneses o los chinos apenas hace 60 años o explicar los fenómenos de la violencia política como Sendero Luminoso o el MRTA desde ámbitos que cuestionen muchas categorías oficiales que no los consideran "partidos políticos"?; o ¿como tratar la corrupción institucionalizadas en épocas muy recientes y que vayan más allá de la categoría del "pecado" (y no me refiero solo al fujimontesinismo)?

Curiosamente en esto incide la riqueza historiográfica peruana, no es una hechura exclusiva de historiadores profesionales forjadas en esas instituciones universitarias en el sentido de lo academico y correctamente diplomado en alguna universidad y que en el caso peruano deja mucho que desear por lo reducidamente atrayente que resulta estudiar historia, o por la pobreza de recursos con que se cuenta para la investigación histórica y por la escasa calidad académica de los propios historiadores para plantear temas novedosos y realmente interesantes para la sociedad. Acaso ¿nos olvidamos también que hay excelentes historias contadas desde localidades y pueblos que enseñan y trasmiten de una generación a otra un modo de entender e interpretar el pasado que no tiene nada que ver con la ley y el interés publico oficial? Muchas de esas historias y de las buenas historias son rescatadas por historiadores no profesionales: maestros de escuelas públicas rurales y especialmente los propios protagonistas. ¿Que son sino los relatos de Rigoberta Menchú o Hilaria Supa? pedazos de historia con mucha fibra moral y sensibilidad por lo propio que nos abren mundos desconocidos a los historiadores "profesionales".

Entonces ¿a qué viene la colegiación profesional? Hasta donde sé son asociaciones profesionales que cumplen una función delegada por el Estado para ejercer actividades consideradas indispensables en el correcto funcionamiento del orden legal. Su carácter público lo entiendo como ejercicio de un orden legal que en el Perú siempre tiende a ser fragil y muchas veces contradictorio con la propia realidad y que no pocas veces ofende al ciudadano común promedio. Me pregunto si la construcción de la memoria es un patrimonio público sujeto a la ley ¿quién define el sentido de la ley? o peor aún, el interés público. La propia ética es un recurso retórico subvaluado especialmente por las clases dirigentes hoy en día, ¿podría solo un colegio profesional suplir esas carencias institucionales y a toda la sociedad?

Al parecer ese es el gran debate de hoy cuando se habla de un Museo de la Memoria, dado que no se pudo olvidar a pesar que muchos impulsaron ese olvido de nuestro pasado reciente, el gobierno alemán nos invitó a cruzar el rubicón de esa indecisión y hoy se quiere corporativizar la memoria, sectores políticos conservadores de sociedad y de las Fuerzas Armadas quieren imponer sus condiciones en detrimento de la sociedad forzando a que dentro de un Museo de la Memoria exista una versión suya aparte de lo dicho por el Informe final de la CVR. Entonces resulta poco lógico en este contexto que la colegiación de los historiadores proponga corporativizar bajo el criterio de legalidad y del supuesto interés público o de eticidad la gran diversidad de memorias y de historias pertenecientes a la sociedad. Haciendo un parangón inverso a lo recientemente expuesto en un diario local sobre los titulos y diplomas (más cuotas y controles legales de una corporación) que otorgan calidad profesional a un representante, creo que la historia se hace más rica y profunda cuando ha sido precisamente más menoscabada por ser precisamente no aceptado y hasta diría subversivo.

El proyecto dice también que para reconocer la importancia de la historia como ciencia histórica y proteger a quiénes la ejercen como investigadores es necesario que exista el colegio profesional de historiadores que la promuevan y la protegan. Si están preocupados de ambos casos entonces propongan más museos, más recursos para la investigación desde las universidades y las instituciones públicas y privadas, ambos ayudaran a preservar las memorias y a valorar en su justa dimensión el trabajo de los historiadores, difundan la lectura de más investigaciones históricas, no por más burocracia que reparta permisos y autorizaciones nos acercaremos mejor a la sociedad ni se mejorará nuestra imagen, por el contrario, esta se deteriorará aún más. La gente desconfía de todo lo que huela a burocrático e institucionalizado sino vean a los abogados. En este proyecto los historiadores no son los favorecidos más bien se nos coarta la libertad de pensamiento y expresión en favor de pequeños grupos de poder que buscaran construir argollas y terminaran desprestigiando a nuestra carrera profesional sino vean a otros colegios profesionales ¿dónde estuvo - y está - por ejemplo el Colegio de periodistas para sancionar a los "mermeleros" del fujimontesinismo?.

Los criterios de proponer un Colegio Profesional para historiadores son anticuados, el mismo criterio de un Colegio Profesional corporativizador del conocimiento por una pretendida equiparación a otras profesiones como el de geografos, arqueólogos, profesores, antropológos, sociologos son errados, ni siquiera a estos se les reconoce el peso que supuestamente deben tener y sospecho que son por los mismos motivos que he expuesto para este caso.

En mi opinion, lo que estamos viendo es un elemento carasteristico en el proceso de insercion de la socieda en la modernidad del capitalismo. La racionalisacion de l conocimineto es parte de este proceso. Los colegios profesionales son los equivalentes de los guardianes de la fe del medioevo, pero en la era de la racionalisatcion del pensamiento. Una nueva era donde la dictadura del pensamiento es fomentada por el racionalismo. Signos que el sistema economico esta colonisando el sistema cultural vivo (Habermas) Atte, Andres

Curioso que un congresista como Eguren presente este proyecto de ley, claudicando al vicio de engrosar su record de iniciativas presentadas. El origen de los colegios fue proteger a los usuarios acreditando a los profesionales liberales (ingenieros, médicos, abogados). El mercado destrozó toda acreditación: abogados se gradúan hoy por correspondencia, oftalmólogos compiten con optómetras, etc. Los colegios no pueden defender ni la calidad ni el mercado profesional. ¿En que ayudará entonces este colegio a los historiadores?, quizá igual que les ayuda a los sociólogos o marinos mercantes, es decir para que algunos se disputen la gloria de ser decanos y administrar cuotas. Congresista Eguren, retire su firma de este proyecto.

Normalmente aplaudo sus comentarios por ser justos y objetivos, sin embargo, en esta ocasión no puedo sino disentir de sus afirmaciones. En primer lugar la iniciativa de crear un colegio de Historiadores no fue de ningún ente estatal, sino de AHIRSA, una Asociación de historiadores con sede en Arequipa, (de la que por cierto no formo parte), lo que da la suficiente legitimidad al pedido. La rápida encuesta a la que usted hace referencia no tiene validez estadística a menos que usted conozca a todos los historiadores del Perú.

En segundo lugar, no hay que confundir el hecho que hoy los estudios multidisciplinarios e interdisciplinarios no solamente son importantes sino indispensables, pero esto no niega que los estudios históricos sean hechos en su preferencia por historiadores y no por sociólogos, antropólogos, educadores, etc. que efectivamente suplen a los egresados de las escuelas profesionales de Historia del Perú.

En tercer término, creo que usted desconoce la realidad de las escuelas profesionales de historia no limeñas, y cito: “Más adelante, para graduarse de doctor no es necesario haber hecho la licencia. Entre historiadores es un título menor y que poseen solamente algunos colegas. Bien por ellos, pero no les otorga derecho a cerrar las puertas de la profesión.” Concuerdo con usted en que el colegio de Historiadores debe incluir no solo a los licenciados sino por supuesto a los demás grados académicos. Pero consideremos lo siguiente: El bachillerato es automático, lo que equivale a decir, que solo hace referencia de haber concluido sus cincos años en la universidad, mas nada sobre su calidad de investigador que es realidad lo que nos hace historiadores. La maestría y el doctorado son grados académicos que sin duda implican un alto nivel en la investigación, pero también un nivel económico que no todos los egresados poseen, razón por la cual, el referente de un cierto grado de investigación termina siendo el grado profesional de licenciado, por lo que considero que usted ofende al ningunear este grado profesional.

Finalmente, considero que usted, como historiador respetado y con amplia experiencia en la investigación debe apoyar el debate amplio sobre la conveniencia el colegio de historiadores considerando todas las aristas con tolerancia y no olvidando que no todos los historiadores laboramos en el IEP, PUCP, Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales, Instituto Riva Aguero o en la Academia Nacional de Historia. También se investiga en el resto del Perú aunque probablemente estas investigaciones no lleguen a Lima por ser de temas locales y no holísticos.

Lic. Oscar A. Salas Gallegos
Asoc. Sinergia Social
Arequipa-Perú.