Jesús Salazar Nishi, presidente del IDIS: “El problema del Perú no es la falta de dinero, sino que no sabe gastarlo”
El presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) advierte que el principal freno del país no es la falta de recursos, sino la incapacidad del Estado para ejecutarlos con eficiencia. La debilidad institucional, la ausencia de una estrategia productiva y la improvisación política limitan el crecimiento, desalientan la inversión y crean el terreno para el avance de economías ilegales.
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El Perú no enfrenta únicamente un problema de recursos, sino de ejecución. Tras el análisis de los planes de gobierno elaborado por el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS), Jesús Salazar Nishi, advierte que la incapacidad del Estado para gestionar eficientemente el gasto público está limitando el crecimiento económico, frenando la inversión y debilitando la institucionalidad.
— En el último informe del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) se habla de una institucionalidad débil. ¿Cuál es hoy el principal cuello de botella?
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El problema del Perú no es que le falte plata. Es que no sabe gastar la que tiene. El cuello de botella está en la capacidad de gestión, en lo que en el IDIS llamamos la inercia administrativa.
Le hemos transferido miles de millones por canon y regalías a los gobiernos regionales, pero no hemos transferido las capacidades técnicas. Y el 80% de los planes de estas elecciones no mencionan ninguna reforma concreta para fortalecer SERVIR.
Sin burocracia profesional y meritocrática, cualquier modernización va a ser cosmética. Y cuando la institución es débil, ya sabemos quién entra por la puerta: las economías ilegales no necesitan vencer al Estado. Solo necesitan capturarlo.
El Perú no necesita más leyes. Necesita un Estado que deje de ser el principal obstáculo para la formalidad y se convierta en el socio estratégico que el inversor y el ciudadano están esperando hace demasiado tiempo.
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— ¿De qué manera esta debilidad del Estado afecta la lucha contra las economías ilegales?
La improvisación política no solo no combate estas economías, sino que las alimenta. El crimen organizado no necesita que el Estado lo ayude. Solo necesita que el Estado no esté.
Mientras no se fortalezca la inteligencia financiera ni se controle el flujo de dinero ilegal y de insumos, cualquier despliegue de fuerzas será un paliativo caro y temporal.
Además, donde no llega el desarrollo, estas economías ingresan como empleadores. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser únicamente de seguridad: es un problema de legitimidad del Estado frente a su propia población.
Si no se ofrece una alternativa económica real, esos territorios no se recuperan.
— ¿Cómo afecta la inestabilidad política directamente a la inversión y al empleo formal?
Esto no es teoría económica. Es algo que los empresarios vivimos en carne propia. La inversión privada no se mueve con buenas intenciones. Se mueve con predictibilidad. Cuando la política es volátil, cuando cada semana hay un nuevo ministro o una nueva amenaza regulatoria, lo que sube es el riesgo. Y cuando sube el riesgo, el proyecto que ayer era rentable hoy ya no lo es. No porque haya cambiado la ingeniería ni el mercado. Sino porque cambió el entorno político. Y ese proyecto se posterga, o peor, se va a otro país.
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— ¿Y qué pasa con el empleo cuando la inversión se paraliza?
Las empresas congelan contrataciones y el trabajador que no entra al empleo formal se va a la informalidad. Sin seguro, sin pensión, sin capacitación. Y eso mete al país en un ciclo de bajo crecimiento del que es muy difícil salir.
La estabilidad política no es un lujo político. Es un requisito económico. Sin ella no hay inversión seria, y sin inversión seria no hay empleo de calidad. Así de directa es la cadena.
— ¿Qué papel puede jugar un megaproyecto como el puerto de Chancay en el desarrollo productivo del país?
Chancay es una oportunidad histórica, pero también puede convertirse en una gran frustración.
Un puerto, por más moderno que sea, no industrializa un país por sí solo. Si no se conecta con el interior, si los recursos siguen saliendo por vías precarias, se convierte en un enclave moderno en un país desconectado.
El reto no es solo importar, sino exportar productos con mayor valor agregado. Sin corredores logísticos reales y sin industria asociada, Chancay será solo una plataforma de tránsito.
El país tiene que decidir si quiere ser únicamente un centro logístico o un verdadero centro productivo.
— ¿Qué sector podría liderar una transformación productiva real en el Perú?
La industria manufacturera de alto valor agregado, anclada a nuestra riqueza natural. El cobre y el litio son insumos clave en la transición energética, pero seguimos exportándolos sin procesar. Otros países ya entendieron cómo capturar más valor a partir de sus recursos.
También existen oportunidades en el hidrógeno verde, el sector forestal y la pesca con mayor valor agregado.
Pero eso no ocurre de manera espontánea. Requiere zonas económicas especiales, infraestructura adecuada y un Estado que dé predictibilidad y facilite la inversión.
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— Si el Perú no corrige estos problemas, ¿qué escenario económico enfrenta?
No estamos frente a una crisis puntual, sino ante el riesgo de quedar atrapados en la trampa de los ingresos medios.
Un país que crece al 2% o 3%, pero que no despega. Que exporta materias primas e importa bienes con mayor valor agregado elaborados a partir de sus propios recursos. Eso significa menos oportunidades para los jóvenes, más informalidad y una mayor vulnerabilidad frente a las economías ilegales.
Y si, además, se debilita la disciplina fiscal o la autonomía del Banco Central, el país podría perder en pocos años una estabilidad que tomó décadas construir.
— A pocos días de las elecciones ¿qué tipo de propuesta política considera responsable en este contexto?
Aquella que se atreve a decir la verdad, aunque no sea popular. La que no solo plantea el “qué”, sino también el “cómo” y el “con qué”. Gobernar un país no es listar deseos. Es tener una hoja de ruta clara. Sin eso, lo que se elige no es un proyecto de gobierno, sino cinco años más de improvisación.
