Congreso blinda a Héctor Becerril y Dina Boluarte, pero acusa a Martín Vizcarra

Las denuncias constitucionales son utilizadas de manera selectiva en el Congreso. Así lo dejó en evidencia ayer la Comisión Permanente cuando decidió mandar al archivo casos que involucran a sus aliados, pero avanzaron con otro contra uno de sus rivales políticos.

Becerril protegido

Por la mañana, la Comisión Permanente blindó al excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril de una denuncia constitucional por organización criminal en el caso Los Temerarios del Crimen y envió el expediente al archivo.

Esa maniobra se concretó gracias a los 14 votos a favor de los congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular y Unidad y Diálogo.

La mayoría de los congresistas que avalaron esta impunidad son del partido de Keiko Fujimori y son los mismos que proponen una reforma del sistema de judicial. Entre ellos, Martha Moyano, mencionada en el caso Jaime Villanueva.

Sus colegas Patricia Chirinos, de Avanza País, y Alejandro Muñante, de Renovación Popular, también están en el grupo de legisladores que decidieron encarpetar la acusación contra Becerril. Chirinos y Muñante están entre los promotores de la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Otro congresista que votó en esa línea fue Esdras Medina, quien hace poco presentó una moción para crear una comisión investigadora contra el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por el caso Jaime Villanueva.

El autor del informe final que recomendó no acusar a Becerril fue el congresista de Somos Perú, José Jerí. En junio del 2020 fue la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos quien presentó la denuncia por organización criminal contra el fujimorista. Pero cuando el caso llegó a manos de Jerí, su informe lo blindó y Fuerza Popular y sus aliados apoyaron ese dictamen.

Ávalos fue inhabilitada el año pasado por este Congreso, en cambio con Becerril esta institución prefirió la impunidad.

Llevan la fiesta en paz con Dina Boluarte

Luego de salvar al excongresista fujimorista, la Comisión Permanente discutió el informe final de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Club Apurímac.

Se trata de una acusación contra Boluarte por una presunta infracción constitucional, debido a que cuando fue ministra de Inclusión Social suscribió documentos enviados por este club departamental a la Municipalidad de Lima en 2018.

Cuando el alcalde de Lima de ese periodo, Jorge Muñoz, fue citado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) por este caso, ratificó su versión de que Boluarte firmó esos documentos siendo ministra.

La SAC eligió al congresista de Cambio Democrático Edgar Reymundo como delegado en este caso. En ese año había trascendido que en el Congreso iban, además de vacar al entonces presidente Pedro Castillo, inhabilitar a Boluarte para tomar el poder. Pero no fue así.

El 5 de diciembre del 2022, dos días antes que Boluarte asuma la presidencia, fue discutido el informe final de Reymundo, quien recomendó no acusarla. El dictamen fue aprobado. Y luego que Boluarte llegó a Palacio, el caso se mantuvo estancado más de un año.

Recién el miércoles 15 de enero la Comisión Permanente retomó la discusión. El bloque que blindó a Becerril y algunos legisladores de la izquierda, ratificaron el veredicto de la Subcomisión , apoyaron el informe final del congresista Reymundo y con 17 votos a favor archivaron la denuncia constitucional.

El congresista alegó que eso no cambia su postura de oposición ante el Gobierno de Boluarte. Sin embargo, el dictamen ya está aprobado y Boluarte salió airosa del caso Club Apurímac.

Vizcarra en la mira

Quien no se salvó fue el expresidente Martín Vizcarra. La Comisión Permanente, con 25 votos a favor, aprobó acusarlo por el caso Richard Swing.

El informe final fue elaborado por el congresista de Acción Popular (AP) Jorge Flores Ancachi, y se basa en una denuncia constitucional que presentó en mayo del 2021 la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra Vizcarra.

PUEDES VER: Alberto Otárola tras amenazas de extorsión a Paolo Guerrero: 'Tienen a la Policía a su disposición'

En el Congreso, sin embargo, el fujimorismo y sus aliados omiten esa parte de la historia para imponer la narrativa de que Ávalos protegió a Vizcarra.

Producto de la denuncia de la exfiscal, el expresidente tendrá que responder ante el Pleno. En el caso Richard Swing, la Fiscalía de la Nación le abrió investigación por tráfico de influencias, negociación incompatible y peculado.

A diferencia de Becerril y Boluarte, el expresidente no tiene aliados en el Congreso. Es inminente que el informe será aprobado en el Hemiciclo.

Decidieron no acusar a exministras

• La exministra de Cultura Patricia Balbuena envió un oficio al Congreso para solicitar que la excluyan de la denuncia constitucional por el caso Richard Swing. La razón: Balbuena dejó de ser titular del Mincul en 2018. Como ya pasaron más de cinco años, por caducidad, no le corresponde ser procesada por antejuicio político. La Permanente aprobó su pedido.
• Además, el informe final de Jorge Flores, de AP, recomendó no acusar a las exministras de Cultura Sonia Guillén y Ulla Holmquist. La Comisión Permanente aprobó esa conclusión.