Los funcionarios de OSCE que persiguen al Grupo La República

Por intereses políticos y económicos, 24 directivos, vocales y un procurador del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y del Tribunal de Contrataciones del Estado desarrollan desde septiembre de 2021 una sistemática, organizada y metódica persecución contra el Grupo La República, que edita los diarios La República, Líbero y El Popular. Su objetivo, que no van a lograr, es silenciar a este medio de comunicación.

El fujimontesinismo lo intentó en los años 90. Entonces, miles de lectores diarios de los ejemplares impresos nos apoyaron. Hoy, millones de seguidores diarios en las páginas web y redes sociales nos vuelven a respaldar.

Pero hoy, los aprendices de Montesinos creen haber encontrado la palanca legal para dejarnos fuera de circulación. De acuerdo con diversa información obtenida por La República, desde septiembre de 2021, durante el gobierno del detenido expresidente Pedro Castillo, una organización antidemocrática infiltrada en el OSCE busca destruir a este diario.

El ataque se ha mantenido y perfeccionado en el régimen de Dina Boluarte, con el respaldo y apoyo de los partidos políticos que hoy controlan el Congreso de la República: Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular.

El 23 de noviembre de 2021, el entonces presidente Pedro Castillo, en una visita a la comunidad campesina de Chopcca, en la región Huancavelica, amenazó con dejar a los medios de comunicación, entre ellos el diario La República, sin publicidad estatal, contrariado por las investigaciones y denuncias de corrupción en su gobierno.

Para entonces, ya estaba en marcha el plan para silenciar al Grupo La República. Dos meses antes, el 24 de septiembre de 2021, Sofía Milagros Prudencio Gamio renunció a la presidencia de OSCE, dejando a la institución a cargo de Diego Alejandro Montes Barrantes, secretario general. Montes ya ha dejado OSCE y actualmente trabaja como asesor de la Secretaría General del Ministerio del Ambiente.

Bajo su gestión en septiembre de 2021, la Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios, liderada por Miguel Ángel Caroy Zelaya, solicitó una supervisión de oficio a los contratos de publicidad del Grupo La República, tras recibir una denuncia anónima.

Reinterpretando la Ley

Caroy Zelaya hizo ese pedido en base a dos hechos ciertos:

1) Claudia Cornejo Mohme, hija de María Eugenia Mohme, accionista del Grupo La República, se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desde el 19 de noviembre de 2020 hasta el 27 de julio de 2021.

2) De acuerdo con la Ley 30225, las personas vinculadas con Cornejo Mohme no podían contratar con el Estado en el ámbito de su influencia, es decir, el Mincetur, entre noviembre de 2020 y julio de 2021, y hasta doce meses después, es decir, hasta julio de 2022.

En cumplimiento de esa norma, La República no recibió publicidad de este ministerio, conforme lo reconoce la misma OSCE y eso permite que, en los últimos días, el Poder Judicial haya empezado a desbaratar todo el tinglado armado por los funcionarios y vocales de dicho organismo supervisor.

La posición y proceder de La República se sustenta en la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2020, en el expediente Nº 03150-2017-PA/TC y en una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado Nº 0125-2021-TCE-S3, de enero de 2021.

El TC y el OSCE establecieron que la Ley 30225 debía leerse bajo dos circunstancias: 1) Cuando se trata del presidente de la República y su familia, existe la prohibición total de contratar con el Estado. 2) Respecto de otros altos funcionarios, como un ministro, congresista o jefe de un organismo autónomo, la prohibición es en el ámbito en el que ejercen sus funciones.

El dictamen oculto

En atención al pedido de Caroy Zelaya, el miércoles 30 de diciembre de 2021, la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos (SIRE) de la Dirección General de Riesgos (DGR), a cargo de Wendy Cruz Kamiche, remitió el dictamen Nº 192-2021/DGR-SIRE a la directora de Gestión de Riesgos, Ana María Gutiérrez Cabani.

Cruz Kamiche informó que al revisar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) encontró 596 órdenes de servicio y 10 adjudicaciones directas de avisos al Grupo La República por parte de instituciones estatales distintas al Mincetur. En el dictamen no se establecen conclusiones de responsabilidad pues no había motivo para establecer una sanción, solo se indica los hechos existentes.

Además, la responsabilidad administrativa solo podía ser establecida por las salas del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Luego de transcurrir dos semanas , el 13 de enero del 2022, la directora de Gestión de Riesgos, Ana Gutiérrez Cabani remitió el mencionado dictamen, sin agregados, a la presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado y presidenta de la Sala 6, Cecilia Ponce Cosme, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin embargo, aprovechando la ambigüedad del documento, entre el 25 de enero y mediados de marzo de 2022, Cecilia Ponce y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), Carola Cucat Vílchez, remitieron cientos de copias del mencionado dictamen a las diversas instituciones públicas, dando a entender que el Grupo La República había incumplido la Ley 30225, creando con ello un estado de pánico entre los anunciantes.

Al ver esa situación, el 21 de enero de 2022, la subdirectora del SIRE emitió el oficio múltiple N° D000001-2022-OSCE-SIRE en el que aclara respecto al informe N° 192-2021/DGR-SIRE que "el impedimento de la señora María Eugenia Mohme Seminario (así como de las personas jurídicas en las que forma parte del órgano administrativo) solo abarca el sector al que pertenecía la señora Claudia Eugenia Cornejo Mohme, exministra de Comercio Exterior y Turismo”.

Inahibilitación indefinida

Ese oficio nunca llegó a los ciento ocho procesos sancionadores que se iniciaron a partir del informe 192-2001/DGR-SIRE, pues desbarata todo el tinglado para imponer la sanción que impide al Grupo La República recibir publicidad del Estado durante toda su existencia.

A partir de ese dictamen, los vocales del TCE olvidan la interpretación establecida en la sentencia del TC de noviembre de 2020 y en la resolución del Tribunal de OSCE de enero de 2021. Sin ningún argumento legal decidieron volver a la interpretación que el TC y ellos mismos ya habían superado: la prohibición de la Ley 30225 es general, es decir, abarca todo el aparato del Estado, sin importar el ámbito en el que labora el funcionario.

El TC definió que esa interpretación afecta otros derechos e incluso puede ser perjudicial para la administración pública.

La Sala más activa en sancionar a La República fue la N° 1, integrada por los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval, María Rojas Villavicencio de Guerra y Juan Carlos Cortez Tataje. Ellos impusieron 4 sanciones temporales y 8 definitivas por publicar avisos de pésame de defunción o de servicio público de municipalidades, universidades o empresas estatales de energía eléctrica que no tienen ningún tipo de relación con el Mincetur.

Le sigue la Sala 2, integrada por los vocales Carlos Enrique Quiroga Periche, Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Olga Evelyn Chávez Sueldo, con 11 sanciones: 6 temporales y 5 definitivas. La Sala 4 con ocho sanciones, la Sala 3 con seis sanciones y la Sala 5 con cuatro sanciones, entre temporales y definitivas.

La Sala 6, presidida por Ponce Cosme, quien en esos años era titular del TCE, dictó siete sanciones de inhabilitaciones definitivas, dejando claro el objetivo de esta organización.

En ninguna de las resoluciones se argumenta o explica las razones jurídicas por los que deciden retroceder y apartarse de la interpretación de la Ley que estableció el TC, ni se tiene en cuenta que el Grupo La República ya contrataba con el Estado antes del 19 de noviembre de 2020, ni aparece ni mencionan el oficio que aclara el dictamen del SIRE, ni dicen nada del perjuicio que su interpretación y las sanciones impuestas a un medio de comunicación suponen para la libertad de prensa y expresión en el Perú.

La República ha tenido que acudir al Poder Judicial para revertir esta situación. Un Juzgado Constitucional ha ordenado a OSCE poner fin a la persecución a este medio de comunicación y anular las sanciones temporales e indefinidas. La justicia da el primer paso para que todos los responsables de este ataque a la libertad de prensa en el Perú, baluarte de una democracia libre y representativa, respondan por sus actos.