En organismo internacional se expondrán posiciones sobre judicialización de casos. Analistas dicen que el gobierno se opone a procesos y que García argumenta que es una persecución contra FFAA y la Policía.
María Elena Castillo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará en la sesión que realiza mañana en Washington las posiciones sobre la demanda que presentó de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acerca de la demora en la judicialización de diversas denuncias sobre delitos de lesa humanidad cometidas durante la violencia política ocurrida entre 1980 y el 2000.
La Coordinadora presentará el balance de los principales problemas que enfrentan los procesos, para los que el gobierno tiene un discurso político de clara oposición a la judicialización.
Según los abogados de organismos no gubernamentales que representan a las víctimas, esta actitud ha repercutido en la investigación de casos, registrándose un alarmante retroceso en los últimos dos años.
No se quiere investigar
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera indicó que desde que Alan García Pérez asumió el poder su gobierno ha tenido una abierta indisposición a las investigaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Recordó que en varias ocasiones el mandatario ha señalado que estos procesos constituyen una “persecución” a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que lucharon contra el terrorismo, y ha mostrado su más amplio respaldo a la amnistía planteada por varios congresistas de su partido.
“Este discurso coincide con un período en que se ha registrado una reducción en la formulación de denuncias, con extraños cambios en los criterios de interpretación de responsabilidad penal que genera retrocesos, como la admisión del recurso de amparo de un marino en el caso El Frontón. Es muy probable que esos giros en la actuación y valoración de los jueces y fiscales se deba al discurso político del presidente”, indicó.
Varios problemas
Por su parte, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, refirió que si bien los primeros años que siguieron a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad se notó un claro interés de investigar, esto ha cambiado en los últimos dos años.
Puso como ejemplo que a pesar de varios pedidos, los magistrados de la Primera Fiscalía Supraprovincial no han autorizado que sus peritos de parte accedan a los restos de los muertos en el penal El Frontón, ocurrido en junio de 1986, durante el primer período de García.
Otro caso es el proceso seguido por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra decenas de personas en el Cuartel Los Cabitos, en Huamanga, en 1983.
“Pedimos que se adecúe el tipo penal de tortura para evitar que los jueces puedan argumentar que no estaba tipificada ese año, y no nos responden hasta ahora. Sin embargo, al general Carlos Briceño, uno de los procesados, le han admitido una excepción de naturaleza bajo los mismos argumentos”, dijo.
Datos
Respuesta estatal. El presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, explicará ante la Comisión Interamericana de DDHH los avances y retrocesos en la judicialización de casos de violaciones a derechos humanos.
No hay demora. Días antes de su partida aseguró ante la prensa que no se han producido demoras excesivas en los procesos. Sin embargo, adelantó que anunciará una serie de medidas para acelerar los juicios.
Defensoría preocupada
En sus últimos dos informes de supervisión de casos de violaciones a derechos humanos presentados por ellos y por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como los del acuerdo amistoso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo alertó una situación preocupante en el proceso de judicialización.
El informe Nº 139, presentado el año pasado, si bien reconoce los esfuerzos del Ministerio Público y el Poder Judicial para crear instancias especializadas, advierte retrocesos en los criterios jurisprudenciales que impiden al Estado cumplir su deber de investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos.
El documento señala que de los 194 casos, 112 se encuentran en investigación preliminar, 47 en la etapa judicial y apenas 19 tienen sentencia. (Edición impresa La República)