España. El magistrado español que creó jurisprudencia internacional al ordenar la detención de Augusto Pinochet es juzgado en su país por autorizar la investigación de los atentados contra los Derechos Humanos durante la dictadura franquista.
Madrid. EFE/
Los representantes de las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que asistieron como observadores a la primera sesión del juicio a Baltasar Garzón por haber querido investigar los crímenes del franquismo calificaron el proceso de un "gran despropósito".
En declaraciones a la Agencia EFE, el consejero jurídico de Amnistía Internacional (AI) Hugo Relva destacó lo "llamativo" de que la acusación que pesa sobre Garzón sea por haber investigado violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en España.
"Este proceso es un gran despropósito porque no puede ser nunca una acción criminal contra un juez", declaró Relva.
Reed Brody, representante de Human Right Watch, valoró por su parte la intervención del fiscal Luis Navajas, que al igual que la defensa de Garzón pidió el sobreseimiento de la causa.
La asociación La Comuna, que el pasado 21 de enero anunció que se suma a la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes del franquismo, rechazó el juicio a Garzón.
En un comunicado afirmaron que el juicio "es la mejor prueba de que el franquismo en democracia aún dicta sus normas".
Representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Internacional de Juristas participan como observadores en el juicio porque creen que la decisión del Tribunal Supremo español incidirá sobre otros procesos relacionados con la persecución de delitos de jurisdicción universal.
En el banquillo
El Tribunal Supremo español comenzó a juzgar a Baltasar Garzón por declararse competente en 2008 para investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Garzón, el juez español más conocido internacionalmente tras ordenar en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet,se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
Ésta es la segunda vez que el magistrado se sienta en el banquillo de los acusados, en un proceso muy seguido por los medios de comunicación nacionales e internacionales, tras ser juzgado la semana pasada en la misma corte por ordenar escuchas en un caso de corrupción.
La Fiscalía y la defensa de Garzón pidieron el sobreseimiento de la causa.
"No prescriben"
El juicio a Garzón es, en opinión del presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Pedro Nikken, un acto que "destruye la independencia judicial de un país, afecta a la democracia y afecta a toda la sociedad en su conjunto, porque están en juego valores universales".
"Abandonar a un juez que aplica la justicia universal en favor de las víctimas significa atentar y quebrantar uno de los pilares del Estado de Derecho", añadió.
Nikken defendió la obligación de Baltasar Garzón de investigar hechos en los que se podrían haber producido "violaciones gravísimas de los derechos humanos, crímenes de guerra o de lesa humanidad", porque estimó que no están prescritos.
Por su parte, el jurista estadounidense Redd Brody, representante de Human Right Watch, destacó que "es la primera vez que se procesa a un juez por defender los derechos humanos; la primera vez en la UE que un juez es sometido al derecho penal por defender derechos humanos y perseguir crímenes internacionales".
"Los abogados y jueces de otros países del mundo tienen los ojos puestos en las represalias a Garzón", dijo Brody, quien se mostró sorprendido por el escaso rechazo que han suscitado en España.
En su opinión, "es paradójico que sea juzgado por intentar aplicar los mismos principios que llegó él a promover en el ámbito judicial mundial", con las investigaciones de las dictaduras de Chile y Argentina.
Exhuman a "Las 17 Rosas"
Los arqueólogos españoles han comenzado la exhumación de los restos de las mujeres conocidas como "17 rosas" de Guillena (Sevilla), que fueron fusiladas durante la Guerra Civil Española –que encumbró en el poder a Francisco Franco– en el cementerio de la localidad vecina de Gerena hace poco más de 74 años por ser familiares de milicianos republicanos.
Los trabajos han podido comenzar después de las numerosas gestiones para localizar la fosa común con una cata geoarqueológica novedosa, que bajo una hilera de nichos estaba la fosa común con los cadáveres de las esposas, hijas y hermanas de los republicanos, de entre 24 y 70 años. El lugar de los trabajos está sobre una fosa común donde se localizaron hasta 23 niños que murieron por la hambruna que hubo en España entre 1939 y 1950.
Claves
Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron sendas querellas contra la actuación del juez Baltasar Garzón, admitidas a trámite, y por las que desde ayer se sentó en el banquillo de los acusados.