Luego de un amplio debate, la Comisión Permanente del Congreso, presidida en ese momento por el tercer vicepresidente Antonio León (BP), suspendió la sesión la tarde del lunes 28, cuando se discutía el proyecto de ley para otorgar una bonificación extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, a partir de un 30% de los saldos de todos los pliegos presupuestales del Gobierno Nacional.
El común denominador de las bancadas fue la necesidad de apoyar a las Fuerzas Armadas y Policiales, pero discreparon en la aplicación de la fórmula legal basados, principalmente, porque el Congreso no tiene facultad de iniciativa de gasto y por tanto la medida resultaría inconstitucional.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, Luis Negreiros Criado (PAP), sustentó el proyecto señalando que las bonificaciones basadas en los saldos mencionados asciende a 5 mil 400 millones de soles y, en consecuencia, cada persona beneficiada percibiría 7,642 soles, por única vez, en el año 2010. Explicó que la medida no implicaría iniciativa en el gasto ni afectaría la ejecución de ningún proyecto de desarrollo en el país.
Dijo que el proyecto fue dictaminado por unanimidad en la comisión que preside, tras lo cual varios de sus colegas legisladores prorrumpieron en aplausos al cabo de la sustentación del dictamen.
Destacó que se trataba de mejorar económicamente a un sector de servidores, como militares y policías, que por lo general carecen de beneficios pese a la importante y riesgosa labor que cumplen en el país.
Después del debate, el legislador aprista planteó que el monto podría ser fijado por el Poder Ejecutivo y que se utilizarían los saldos de los pliegos presupuestales, con excepción de los sectores de Educación y Salud.
Por su lado, su colega de bancada Luis Wilson Ugarte, consideró que el dictamen debería archivarse, por que se trataba de una iniciativa de carácter presupuestal y, en tal virtud, tendría que tramitarse como una norma presupuestal, partiendo de una iniciativa del Poder Ejecutivo. Dijo que los recursos destinados a hospitales y otras obras no deberían ser destinados, por una determinada ley.
José Carrasco Távara (PAP) sostuvo que esos saldos de los que hablaba el proyecto ya habían sido determinados en la Ley de Presupuesto para el 2010. Por consiguiente, opinó que no era viable que, habiendo una ley presupuestal aprobada, y habiendo un artículo en contra, no resultaba procedente, aunque no por ello no deseable, la propuesta en debate.