Liquidez o insolvencia, por Humberto Campodónico

Las opiniones acerca de la crisis que atraviesa Petroperú son de lo más variadas. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, dice que la empresa está quebrada, debido a la construcción de la refinería de Talara, que “nunca debió hacerse”. De su lado, el ministro José Arista, del MEF, dice que “Petroperú no enfrenta un problema de insolvencia, sino uno de liquidez”.

Si el problema es de insolvencia, eso implica una situación permanente, en la cual la empresa no tiene capacidad de pago porque no tiene patrimonio suficiente y no es capaz de generar los recursos financieros para atender el servicio de su deuda. La empresa está quebrada.

En cambio, si el problema es de liquidez, entonces la empresa atraviesa una situación transitoria de incapacidad de pago, pero sí es capaz de generar los recursos para pagar la deuda más adelante. En ese caso, lo que necesita es una inyección de dinero, ya sea un aporte de capital, un préstamo o líneas de crédito para recuperar la liquidez y continuar con sus actividades productivas.

En los informes elaborados por la consultora Arthur D. Little y Columbus, entregados a Petroperú en julio del 2023, puede decirse que también se contemplan estas dos afirmaciones.  ADL/Columbus evalúa el valor de la empresa, proyectando los flujos de caja libre a la firma por un periodo de 10 años, hasta el 2032, según diferentes supuestos: el margen de refino (más alto o más bajo), las ventas comerciales se recuperan más (o menos), entre otros.

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En todos los casos, el EBITDA (indicador que mide la capacidad de generar efectivo de una empresa) es positivo: permite pagar los impuestos, las inversiones y el capital de trabajo en los 10 años al 2032. Pero cuando se trata de saber cuánto vale la empresa en el presente (en ese caso, a mediados del 2023), se tiene que considerar el pago de su deuda, que asciende a US$4.607 millones.

Ese cálculo hace que el Valor del Paquete Accionario de Petroperú sea negativo. Dicho de otra manera, si se quisiera vender la empresa hoy, su valor sería negativo. Pero si se considera que la empresa no se va a privatizar, entonces lo que hay que superar es el problema de liquidez para que esta continúe con sus actividades productivas.

Es por esa razón que ADL/Columbus recomienda otras medidas para aumentar la liquidez. En ese mismo informe, dice: “El negocio de Exploración y Producción podrá tener un impacto positivo en las finanzas de Petroperú”. A continuación, determina siete lotes petroleros en los cuales Petroperú puede intervenir. Los más importantes: el Lote 192 en la Selva Norte (el más grande del Perú, donde participa con el 39%) y el Lote X, donde plantean que Petroperú participe con el 100% (recordemos que el informe es de julio 2023). El miércoles 28, Perupetro lanzó la licitación por el Lote X, el más grande de Talara, con una participación de Petroperú del 40% (lo que mejora el EBITDA). Antes había planteado el 100% para Petroperú. No se sabe el porqué del cambio.

A veces sí, a veces no

Actualmente, la narrativa mayoritaria apunta a decir que la Refinería de Talara es un elefante blanco, que nunca debió construirse. Por ello mismo, es un barril sin fondo que siempre va a estar pidiendo dinero, motivo por el cual hay que privatizarla, ya. Pero no solamente se trata de escuchar a una de las partes. Como todo en la vida, hay diferentes puntos de vista.

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Hasta antes de la privatización, Petroperú tenía lotes petroleros (en Talara y la Selva Norte), dos refinerías (Talara y La Pampilla), la distribuidora SOLGAS y grifos para vender combustibles en todo el país. La discusión que se generó a principios de los 90 sobre la privatización fue grande.

El informe Booz-Allen & Hamilton, encargado por COPRI, planteaba cinco alternativas: en un extremo estaba la venta de todas las unidades. En el otro estaba también venderla toda, pero por partes, y de a pocos.  Pero se vendió por partes y Petroperú perdió dos de las tres fuentes de ingresos de una empresa petrolera: sus lotes de producción de petróleo (entre ellos el Lote X de Talara) y los grifos (además de La Pampilla).

Todos los ingresos de esas privatizaciones fueron al Tesoro y no a Petroperú. La empresa estimó que, al 2007, los menores ingresos por las propiedades privatizadas ascendieron a US$2.187 millones. No hay actualización de esa cifra.

Desde allí, el consenso político y social para la existencia de Petroperú como empresa pública se rompió. Desde el Ejecutivo se observaron dos proyectos de ley en el 2004 y el 2006, que buscaban excluir a Petroperú del proceso de privatización (Ley 28244) y su fortalecimiento y modernización (Ley 28840): el Gobierno no quería ser dueño de la empresa.

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La situación actual

En abril del 2023, la calificadora Fitch Rating dijo: “La finalización de la refinería reducirá drásticamente la inversión de capital de la compañía después de 2023; también aumentará la eficiencia operativa. De su lado, los predecibles aumentos de los márgenes de ganancia de la refinería debieran traducirse en márgenes de ingresos EBITDA más sólidos durante el horizonte de nuestra calificación de la empresa” (14/04/2023).

En síntesis, la entrada en operación de la refinería es esencial. Y su puesta en operación se ha demorado. Es un problema central, pero no el único. Hay un fuerte problema de Buen Gobierno Corporativo, que se refleja en la falta de transparencia en la elección de su Directorio y de las principales gerencias, motivo por el cual se elaboró, en setiembre del 2022, un proyecto de ley para su designación y elección meritocrática.

Ese es un gran problema que tiene que resolver Petroperú.

Lo que hoy concentra la crisis es el apoyo económico que se ha pedido al Gobierno y que este ha otorgado con el DU 004-2024. Ese es siempre un golpe reputacional a la empresa de fuerte magnitud, sobre todo en un país de recursos escasos, y con la pobreza bordeando el 30%. Dicho esto, los aportes de los gobiernos a sus empresas petroleras y mineras son una constante en los países vecinos (Chile, a ENAP y Codelco; Colombia a Ecopetrol; Ecuador a Petroecuador).

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Pero debemos volver al principio. La crisis es de liquidez y no de solvencia. Las calificadoras de riesgo, cuyo oficio es informar “al mercado” acerca de la capacidad de las empresas emisoras de bonos de pagar sus deudas, afirman ahora que el Estado debe “apoyar más”. De su lado, seguramente en el MEF ya han hecho sus “corridas” y aprecian que Petroperú va a estar en capacidad de servir su deuda. Si no lo estuviera, entonces “el soberano” tendría que ocuparse de ella, aún si dicha deuda, oficialmente, no tiene la garantía del Estado. Eso no quiere el MEF.

En lo técnico, los próximos meses deberían mostrarnos cifras en azul de la refinería, de tal manera que se demuestre, con las cifras, que el problema es de liquidez, no de solvencia.

En lo político, la discusión sobre el elefante blanco y el barril sin fondo continuará y mucho tendrá que ver en ello el comportamiento del nuevo directorio que, como han dicho los representantes del Gobierno, se trata de que Petroperú vuelva a ser la empresa poderosa y solvente de todos los peruanos, por lo que es clave en el directorio un clima sereno y de completo diálogo. Y, en el plano nacional, debiera promoverse una discusión para lograr un consenso positivo de largo plazo para la empresa.