
Hoy teje: Paola Bustamante Suárez, exministra del MIDIS
La violencia contra las niñas y adolescentes menores de 17 años no es una cifra abstracta; es una crisis estructural latente. Cada día, decenas de menores enfrentan agresiones físicas, psicológicas y sexuales dentro y fuera de sus hogares y escuelas. Los espacios que deberían garantizarles un crecimiento seguro se transforman a menudo en escenarios de desamparo y vulneración extrema.
Los reportes del Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo muestran que la violencia psicológica y la agresión sexual siguen encabezando los motivos de ingreso a los servicios de protección del Estado. Las denuncias continúan concentrándose de manera desproporcionada en mujeres menores de 17 años, lo que expone una debilidad persistente en los programas preventivos escolares y comunitarios.
Erradicar este flagelo requiere ir más allá de las leyes punitivas. El Estado debe ejecutar políticas públicas de prevención temprana y descentralizada. Proteger la vida y la integridad de las niñas no es un asunto opcional, sino una obligación moral inmediata para asegurar el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: recientemente, el Ministerio de Educación derogó los lineamientos de la educación sexual integral (ESI), que tenían como objetivo informar a los estudiantes sobre su desarrollo sexual según su edad. Ello permite generar, posteriormente, alertas y denuncias, ya que los niños y las niñas deben saber que nadie puede tocarlos y que de ello se debe hablar en casa y en el colegio. Por lo tanto, este es un grave retroceso que, en medio del proceso electoral, parece haber pasado desapercibido para la mayoría de la ciudadanía.
No podemos seguir indiferentes frente a esta realidad. Exijamos a las nuevas autoridades que este sea uno de los temas prioritarios que deben trabajarse en el próximo quinquenio, de la mano de los padres, maestros y la sociedad en general. El silencio y la indiferencia no pueden seguir costándoles la vida a miles de niñas y adolescentes en nuestro país.

La experta en Salud Pública, Magaly Blas, reflexiona sobre su experiencia como candidata a regidora en Lima Metropolitana y el rol de los científicos en la política.

El 97% de los encuestados considera a Keiko Fujimori la figura más poderosa, mientras el miedo por la inseguridad continúa afectando la vida cotidiana.

Es imperativo derogar la ley del silencio electoral, ya que su vigencia perjudica la democracia y las decisiones de los votantes en un contexto de información limitada.

Keiko Fujimori, en su discurso ante la ONU, defendió a quienes cometieron crímenes bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, descalificando la labor de justicia.

Preocupa el debilitamiento de políticas que abordan estas problemáticas.