
*Por Sofía Macher Batanero. Doctora en Sociología.
El discurso de Keiko Fujimori ante la ONU giró en torno a sus preocupaciones políticas nacionales.
Defendió a quienes cometieron atrocidades en nombre de la lucha contra el terrorismo, cuestionó a la justicia que investigó violaciones de derechos humanos y descalificó a quienes acompañaron a las víctimas. La presidenta convirtió a los investigados en víctimas y excluyó de su relato a las personas ejecutadas, desaparecidas o torturadas por agentes del Estado. Fue una toma de posición frente a procesos y una forma de presión sobre los jueces.
El mensaje se alinea con la Ley 32419, defendida por Fernando Rospigliosi, que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa por hechos ocurridos entre 1980 y 2000. Rospigliosi sostuvo que esos procesos no buscaban justicia, sino venganza. Fujimori llevó esa tesis a la ONU y le otorgó respaldo presidencial. La amnistía dejó de ser una iniciativa aislada del Congreso anterior y pasó a formar parte del programa del gobierno.
El discurso retomó la estigmatización de los organismos de derechos humanos, presentándolos como defensores de terroristas, pese a las evidencias que desmienten esa acusación. Distorsionó su acompañamiento a las víctimas y sus demandas de justicia, equiparándolos con ataques a las Fuerzas Armadas. Así se sumó a la corriente autoritaria que busca restringir el espacio cívico.
La presidenta amenazó la independencia judicial y el derecho de la sociedad civil a fiscalizar al poder. La paz no se construye cerrando procesos ni desacreditando a quienes defienden a las víctimas, sino garantizando verdad, justicia y rendición de cuentas.
El sesgo autoritario de estos planteamientos exige una respuesta firme en defensa de la independencia judicial y de nuestras libertades civiles y políticas.

La experta en Salud Pública, Magaly Blas, reflexiona sobre su experiencia como candidata a regidora en Lima Metropolitana y el rol de los científicos en la política.

El 97% de los encuestados considera a Keiko Fujimori la figura más poderosa, mientras el miedo por la inseguridad continúa afectando la vida cotidiana.

Es imperativo derogar la ley del silencio electoral, ya que su vigencia perjudica la democracia y las decisiones de los votantes en un contexto de información limitada.

Keiko Fujimori, en su discurso ante la ONU, defendió a quienes cometieron crímenes bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, descalificando la labor de justicia.

Preocupa el debilitamiento de políticas que abordan estas problemáticas.