
Hoy teje: Susana Chávez Alvarado, feminista, obstetra. Fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).
Un estudio internacional —Exemplars in Global Health— identificó al Perú como uno de los casos ejemplares en atención a mujeres. No porque haya resuelto sus problemas, sino porque entre 2000 y 2020 logró avances notables: redujo la mortalidad infantil y la desnutrición crónica, amplió el acceso a controles prenatales y partos institucionales, más niñas permanecieron en la escuela secundaria y creció la protección social. También se redujo la violencia de pareja y aumentó la participación femenina en las decisiones del hogar.
El estudio identifica cuatro factores clave: sistemas de información que visibilizaron a las mujeres ante el Estado, presupuestos orientados a resultados, programas que pusieron recursos directamente en manos de ellas y una respuesta estatal creciente frente a la violencia de género.
Este último punto está hoy en riesgo. La expansión de los Centros de Emergencia Mujer, la Ley 30364 y las reformas que reconocieron el feminicidio no surgieron por casualidad: fueron respuestas a problemas reales. Cuando la violencia de género dejó de ser un asunto privado y pasó a ser un problema público, fue posible medirlo, financiar intervenciones y exigir rendición de cuentas. Iniciativas que buscan retirar el enfoque de género de las normas estatales amenazan revertir ese camino.
De ahí la pregunta incómoda: si las políticas con enfoque de género mejoraron indicadores de salud, educación y protección de las mujeres, ¿sobre qué evidencia se sustentan quienes buscan eliminarlas? El propio estudio advierte que el avance de sectores conservadores representa una amenaza directa para estos logros.
En políticas públicas hay una regla elemental: cuando una intervención demuestra resultados, la carga de la prueba corresponde a quienes quieren suprimirla. El nuevo Congreso tiene esa decisión por delante: puede continuar desmontando lo que funciona o puede recuperar una agenda basada en evidencia. Las pruebas existen.

La experta en Salud Pública, Magaly Blas, reflexiona sobre su experiencia como candidata a regidora en Lima Metropolitana y el rol de los científicos en la política.

El 97% de los encuestados considera a Keiko Fujimori la figura más poderosa, mientras el miedo por la inseguridad continúa afectando la vida cotidiana.

Es imperativo derogar la ley del silencio electoral, ya que su vigencia perjudica la democracia y las decisiones de los votantes en un contexto de información limitada.

Keiko Fujimori, en su discurso ante la ONU, defendió a quienes cometieron crímenes bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, descalificando la labor de justicia.

Preocupa el debilitamiento de políticas que abordan estas problemáticas.