
Por: Ana María Guerrero Espinoza. Psicóloga clínica. Directora de Proyecto UMA.
Un académico brasileño simuló un asalto y le disparó a su esposa mientras dormía. Cuando ella volvió a casa, parapléjica, intentó matarla otra vez. Brasil tardó veinte años en encarcelarlo y necesitó una condena internacional para reconocer su tolerancia con la violencia doméstica. El caso dio lugar a la Ley Maria da Penha. En Argentina, un juez liberó a un sentenciado por violaciones sexuales pese a informes técnicos desfavorables. Meses después, violó y mató a la joven Micaela García. La conmoción por el caso propició la Ley Micaela y obligó al Estado a revisar la formación de sus servidores públicos.
Pero en el Perú los nombres se nos acumulan y nada pasa: Sheyla Cóndor, Eyvi Ágreda, Solsiret Rodríguez, Ruth Thalía Sayas. También los videos, las desapariciones y territorios como Condorcanqui, con cientos de denuncias de agresión sexual contra niñas y adolescentes, muchas contra docentes. No nos falta evidencia, nos falta subvertir las lógicas que sostienen esta normalidad. El profesor universitario, el juez, el docente o el policía ocupan lugares respetables en instituciones con mandatos de proteger. Quizás por eso nuestro punto ciego sea ver la reputación como presunción de inocencia. A más idealización, más confundimos autoridad y prestigio con inocencia.
En Brasil un eslogan de la ley Maria da Penha causó impacto. Traducido libremente sería “Entre marido y mujer el Estado se debe meter”. La discusión nunca fue sobre el matrimonio. Era sobre el derecho a interrumpir el abuso que puede instalarse en una relación de poder.
En la casa, la escuela, la comunidad, la empresa, la ONG o el partido político se decide qué puede discutirse, quién puede hacerlo y si existirá un contrapeso, un tercero que mire, escuche y sea voz crítica sin que su intervención se juzgue como deslealtad o traición. Pero sabemos que en nombre del interés de las instituciones, las corporaciones o la familia algunas personas o prácticas se vuelven intocables. En democracia, ningún poder debe quedarse a solas consigo mismo.

La experta en Salud Pública, Magaly Blas, reflexiona sobre su experiencia como candidata a regidora en Lima Metropolitana y el rol de los científicos en la política.

El 97% de los encuestados considera a Keiko Fujimori la figura más poderosa, mientras el miedo por la inseguridad continúa afectando la vida cotidiana.

Es imperativo derogar la ley del silencio electoral, ya que su vigencia perjudica la democracia y las decisiones de los votantes en un contexto de información limitada.

Keiko Fujimori, en su discurso ante la ONU, defendió a quienes cometieron crímenes bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, descalificando la labor de justicia.

Preocupa el debilitamiento de políticas que abordan estas problemáticas.