Walter Albán: “Es una situación que solo podrá revertirse en el momento en que el pueblo reaccione”

El exdefensor del Pueblo Walter Albán señaló sobre la intención de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que estamos frente a un posible golpe parlamentario. Dijo que la moción presentada por Patricia Chirinos es “una farsa” a la que se ha sumado el Parlamento para proteger a la fiscal Patricia Benavides.

—¿Estamos frente a un posible golpe parlamentario?

—Efectivamente. La cuestión de fondo, la percepción es correcta. Podemos calificarlo de distinta manera, pero cuando el 7 de diciembre de 2022 se frustró el golpe de Pedro Castillo no pudimos apreciar que estaba en ciernes la sanción a Castillo, sino que, además, ya había toda una estrategia de copamiento para arrebatarnos la democracia con el cuento de que esto es producto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

—¿No es así?

—Lo que hay en el Congreso no es ideología, no es política de izquierda, centro, derecha, no. Son intereses organizados de tal manera para que puedan ejercer el poder y beneficiarse ellos mismos. Ahora, no son solo los que están en el Congreso.

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—¿Los congresistas son las caras visibles?

Exacto, pero hay otros sectores que están beneficiándose con este avasallamiento de las instituciones y concentración del poder que equivale a un autoritarismo como el de la década de los noventa con Alberto Fujimori. Aquella vez tuvimos que permanecer ocho años en esa situación, Fujimori cayó casi al final del año 2000. Su desmoronamiento tuvo su hito inicial en 1998 cuando destituyeron a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

—Se ha comparado lo ocurrido esa vez con el TC con lo que podría pasarle con la JNJ.

Miremos la situación actual. Primero, ya destrozaron la reforma universitaria, es muy gráfico lo ocurrido con la Sunedu, que ha quedado prácticamente borrada del mapa…

—Inoperante, sin dientes.

—Tal cual. Luego, coparon el TC y se han asegurado de tener a la gente que requieren para que cualquier decisión del Congreso vaya a ser refrendada al menos en mayoría. Veamos a la Defensoría del Pueblo, una institución capturada y prácticamente maniatada, ajena a cualquier cosa que pueda venir desde el Congreso, y para todo efecto práctico no contamos con ella. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es absolutamente funcional a estos propósitos del Congreso. La protegen. Y por eso creo que quizás se ha acelerado la captura de la JNJ. La moción de Patricia Chirinos es una farsa y el Congreso se ha prestado a esa farsa para proteger a su fiscal de la Nación. La captura de la JNJ les permitiría tener un control muy fuerte sobre el sistema judicial.

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—Y electoral.

—Y con eso el copamiento sería total. Sabemos que el de Boluarte es un gobierno que depende de este Congreso.

— En la Comisión de Justicia se desechó un informe que no les daba la razón a los congresistas y, en horas, votaron por otro, con cargo a redacción. Ni siquiera estaba terminado.

—Por eso digo, es una farsa.

—A eso iba. Es que los argumentos jurídicos no parecen tener cabida. Hay quienes han empezado a decir que, si esto se concreta, los ciudadanos tenemos el derecho de acogernos al artículo 46 constitucional (los ciudadanos no deben obediencia a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes).

—Porque no se trata de un tema que se mantenga en un marco jurídico, estamos asistiendo al avasallamiento institucional, se está atentando directamente contra la democracia y ya en esa situación, si nadie respeta las normas, pues entonces estamos abriendo paso a un descontrol que puede derivar en violencia, incluso. Es como si no estuviéramos plenamente conscientes del enorme riesgo. Las causas alegadas para decir que la JNJ incurrió en causas graves son tan absurdas que el propio abogado de aquella, Samuel Abad, las hizo polvo. Por eso, el equipo técnico y la propia presidenta de la Comisión de Justicia elaboraron su informe. Jurídicamente no hay argumento posible. Y por eso creo que la prensa tradicional tiene una gran responsabilidad porque lo que se ha venido haciendo en gran medida es decir que “hay un conflicto”, “una discusión”, poniendo personas de un lado y del otro…

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—La equidistancia.

—Así es. Están dándole a esta farsa una imagen como si hubiese cosas técnicas o jurídicas por dilucidar. Hay supuestos constitucionalistas o abogados reputados que salen a decir que no pasa nada, que si los votos se pueden sumar el Congreso tiene todo el derecho de hacer lo que le parezca, aunque uno esté en desacuerdo. ¿A quiénes responden esos supuestos abogados o juristas? ¿Qué intereses defienden? Hablan como académicos cuando en realidad son cercanos a sectores del Congreso. No hay forma de decir que el Congreso puede resolver las cosas porque le da la gana. El absolutismo acabó con las monarquías. No existe ninguna autoridad en el Estado que pueda decidir las cosas solo porque tiene los votos. No. Tiene que haber un fundamento, una motivación.

—Sobre eso, es verdad que la Constitución establece que el Congreso puede remover a la JNJ por causa grave.

—Un estudiante de derecho sabe que se necesita una justificación que precise qué se entiende por causa grave. Se aplicó cuando se destituyó a los que eran miembros del CNM.

—Ese es otro argumento. Si se hizo en el 2018, ¿por qué saltan ahora?

—Esa era una situación completamente distinta, ¿no es verdad? Eso puso en evidencia que el Congreso no hizo su tarea para que los procesos fuesen inobjetables, pero lo que teníamos delante era actores cometiendo delitos. Eso motivó que se precipitaran las decisiones. Pero, por Dios, el traficar con sentencias, vender la jefatura de la ONPE para favorecer a Podemos Perú, la manera en que se manipulaban puestos para colocar a gente, todo lo que quedó demostrado en esos audios, ¿tiene algún punto de comparación con que la JNJ haya sacado un comunicado exhortando a los congresistas a que respeten la función jurisdiccional, a que no sancionen o castiguen como hicieron con Zoraida Ávalos?

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—No hay comparación. Por eso, mi argumento es que los argumentos jurídicos palidecen frente a la motivación política.

—Los congresistas, donde dice “causa grave”, leen “pretextos”. Lo que se necesitan son pretextos. Todo eso es destruir la democracia, abrir por completo las compuertas para que la institucionalidad sea pisoteada. Es una situación que solo podrá revertirse en el momento que el pueblo peruano reaccione.