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Sociedad

Nueve años después, caso Saweto aún no halla justicia

Impunidad. Ergilia, Julia y Lita llegaron a Lima para pedir nuevamente justicia por sus esposos asesinados en 2014. Hoy viven amenazadas por las denuncias que hacen. 

Pider ser escuchadas. Viudas de Saweto realizaron plantón en la sede del Poder Judicial. Foto: difusión
Pider ser escuchadas. Viudas de Saweto realizaron plantón en la sede del Poder Judicial. Foto: difusión

“A mí me molesta, me indigna que los asesinos estén en la comunidad (de Saweto) y no haya justicia”, exclama Ergilia Rengifo, una de las viudas de los líderes ashéninkas asesinados en Ucayali, que viajó a Lima para volver a pedir justicia.

Han pasado nueve años desde que Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados por defender su comunidad de los madereros ilegales. Hoy, sus viudas, Ergilia, Julia y Lita, están en la capital luego de la lamentable anulación de la sentencia de 28 años contra los criminales del caso Saweto.

El juicio ha vuelto al inicio y se han programado 30 audiencias hasta enero, tres veces por semana. Rocío Trujillo, asesora legal de Aidesep, explica que la Fiscalía cometió un error al momento de pasar el código del testigo protegido y que terminó por invalidar lo conseguido en primera instancia.

 Víctimas. Caso Saweto sigue sin sentencia desde 2014. Foto: difusión

Víctimas. Caso Saweto sigue sin sentencia desde 2014. Foto: difusión

Pero, además, este nuevo proceso vuelve a revelar la poca importancia a un caso tan emblemático. Ejemplo de ello es el programar audiencias en horas de la noche, no contar con un traductor ashéninka, la asistencia virtual de los magistrados y el camino largo que deben recorrer las viudas para ir a los juicios.

Sin apoyo

Julia Pérez cuenta que las amenazas no han cesado desde que los madereros atentaron contra la vida de su esposo. Incluso ahora la comunidad de Saweto se siente desprotegida. Hace poco, ella también empezó a recibir llamadas telefónicas extrañas desde Brasil.

Ergilia comenta que se siente insegura al igual que sus hijos, a quienes tuvo que dejar para venir a la capital. “Pido garantías porque no sé si a mis hijos también les pueda pasar algo”, señala afligida.

La especialista Rocío Trujillo enfatiza que aún hace falta un mecanismo efectivo que vele por la vida e integridad de los pueblos indígenas. Recuerda que el Mininter aún no aprueba los lineamientos urgentes de protección que podrían ser vitales para los líderes.

A su vez, Lina Ruiz Santillán, hija del asesinado líder Francisco Pinedo y de la recién fallecida Adelina Vargas, exige la celeridad en el caso y, sobre todo, que no se olviden del bono por orfandad que se debería dar a los hijos de los líderes asesinados. A la fecha, solo dos tienen dicha subvención.

Plan Saweto sin acción

El apu Julio Cusurichi, representante de los deudos, indica a este medio que también han pasado ocho años desde que el Gobierno se comprometió a poner en acción el Plan Saweto.

Según el documento que se trabajó desde la PCM con la Comunidad Nativa Alto Tamaya-Saweto, iba a velarse por el acceso a la educación, agua, salud, alimentación, transporte y otros puntos en favor de la comunidad. No obstante, hoy solo se refleja el abandono de las autoridades. “Me apena decir que en mi comunidad aún no hay agua ni luz. Parece que los criminales tienen más derechos”, agrega Ergilia.

Las viudas de Saweto se reunieron con varios ministros y hasta el presidente del Poder Judicial, pero temen que no cumplan sus promesas como tantas otras veces. El viernes retornarán a Pucallpa para seguir con las audiencias, con la esperanza de que al fin la justicia se ponga de su lado.

Importante

Cansancio. Aidesep volvió a reiterar que lamentablemente la justicia ha sido muy esquiva para los líderes indígeneas, por lo que muchos desisten de denunciar.

Trabajo. Vocero del Minjus, Angel González, mencionó que sí están realizando seguimiento al caso Saweto, pero que no han intervenido al tener ellos una defensa privada. Precisó que vienen trabajando para mejorar el mecanismo de protección especial de defensores ambientales.