Nada que celebrar, por Paula Távara

El miércoles 7 de diciembre, peruanos y peruanas tuvimos que enfrentar lo que no puede ser llamado sino un autogolpe de Estado fallido por parte del ahora expresidente Pedro Castillo y vivir, al menos por algunos minutos, el miedo y la incertidumbre de la ruptura del sistema democrático.

El fallido golpe fue sucedido –como correspondía– de una inmediata vacancia presidencial. En ese punto era el deber del Parlamento retirar del gobierno a quien había intentado romper las normas democráticas, por burlesco que hubiese resultado el intento. Sin embargo, lo que no fue responsable ni correspondía en el contexto que nos encontrábamos fueron las vivas, aplausos, fotos, sonrisas y celebraciones por parte de la oposición al gobierno, ¿Qué creían celebrar? ¿Qué triunfo o alegría podía haber a esa hora incierta?

Ver la salida de Castillo como un triunfo parlamentario y pretender arrogarse la defensa de la democracia desde el hemiciclo resulta tremendamente distante de la realidad. No se puede olvidar que los ahora adalides de la democracia son los mismos parlamentarios que en más de una ocasión han ido en contra de las normas de nuestra democracia o las han tergiversado para garantizar sus propios intereses. Incluso ha habido algún parlamentario que no ha dudado en pretender convocar también a las Fuerzas Armadas para pretender así una salida antidemocrática al que hasta entonces era un gobierno ineficiente e investigable, pero constitucional.

Pero, además, esas risas y celebraciones son una muestra más de la falta de vocación democrática y conciencia de la seriedad de su rol en la política. Porque tengamos claro que, aunque evidentemente lo que correspondía era proceder con la vacancia como se hizo, la caída de un presidente constitucionalmente electo no es nunca una buena noticia para una democracia representativa. No había nada que celebrar.

La caída de un presidente significa para empezar que nuestro sistema político no ha podido lograr por conductos institucionales y de diálogo una solución a los conflictos políticos que afronta. Significa además que al menos un conjunto de la población (que votó con convicción por el hasta entonces presidente) está enfrentando la decepción y el abandono de su representante político, lo cual es de lamentar. Y, finalmente y como el mayor problema de fondo, significa que los preceptos y principios mínimos de la democracia no han logrado afianzarse en nuestra sociedad lo suficiente como para que resulte impensable un acto como este.

Caer en la narrativa celebrativa que nos propone la oposición y diversas bancadas parlamentarias de que con la caída de Castillo y que si la Presidenta Boluarte se ciñe a lo que ellos consideren “decisiones adecuadas” se resuelve la crisis, sería no solo ingenuo sino de una ceguera voluntaria que los ciudadanos y ciudadanas de este país no nos podemos permitir.

Baste con prestar atención a las manifestaciones que han empezado a sucederse en diversos puntos del país para clarificar que la crisis continúa y continuará si no se buscan soluciones que consideren al conjunto de la ciudadanía y no solo a sus intereses; salidas que aterricen los reclamos de diversos grupos sociales, frente a los cuales los actores políticos, principalmente parlamentarios, han perdido credibilidad.

Hace bien la Presidenta Boluarte en empezar el diálogo con los actores políticos y en abrirse a la prensa; pero hasta ahora las reuniones y mensajes se han mantenido en un marco que deja fuera a la ciudadanía. Ningún mensaje a la nación, ninguna organización social, ningún gesto a “los nadies”.

Si queremos al menos ver un atisbo de esperanza en el futuro cercano, corresponde empezar a oír y mirar a la ciudadanía. Ahí no hay fiesta ni abrazos ni fotos, pero sí una inmensa expectativa de cambio. Un reclamo de que, si algo se llega a celebrar, sea para todos y todas.