Martín Hidalgo Bustamante
Una nueva demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano ante la Corte de San José pone en debate la capacidad del gobierno para defenderse. Ante ello, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, ha sido enfático al asegurar que "no nos pasarán por encima" en el caso de la denunciada por terrorismo Mónica Feria Tinta, quien aparece en el informe N° 11.769 bajo el seudónimo de "J".
"Es una senderista que está prófuga con requisitoria internacional por parte del Perú. Es lamentable que este caso esté sometido a la jurisdicción internacional porque implica una seria desavenencia por parte del gobierno”, agregó Jiménez Mayor.
El procurador público supranacional Luis Alberto Salgado indicó que la CIDH comete un grave error al denunciar nuevamente al Perú por un caso pendiente de resolver en la justicia interna. Recordó que sobre Feria pesa desde el 2008 una orden de detención internacional.
Un caso desde 1997
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la petición de Mónica Feria Tinta el 17 de junio de 1997 a través de su representante legal Curtis Francis Doebbler, uno de los abogados del extinto líder iraquí Saddam Hussein. Aunque Curtis después sería reemplazado por la abogada Fiona Mckay de la Redress Trust en abril del 2000, quien también desistiría en agosto del 2007, desde cuando Mónica Feria asumiría su propia defensa.
La Comisión recién emitió una resolución de admisibilidad del caso el 14 de marzo del 2008, en la que data los alegatos de la "denunciante" y el Estado peruano. En sus argumentos, Feria presenta acusaciones que según el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra son difíciles de probar. Por ejemplo, señala que sufrió una detención ilegal por agentes vestidos de civil pertenecientes al GEIN, el 13 de abril de 1992, y fue víctima de un abuso sexual perpetrado por un efectivo que "introdujo sus dedos dentro de su vagina" mientras otro oficial la retenía en el suelo sosteniendo sus piernas.
El episodio narrado por la procesada corresponde a la noche cuando fue se le incautó propaganda subversiva, manuscritos y documentos mecanografiados alusivos a las acciones de Sendero Luminoso.
En otro momento de su alegato, Feria acusa una falta de debido proceso al ser detenida antes de la legislación terrorista y juzgada con dichas leyes.
Al respecto, el procurador Salgado refirió que en el Perú existe una nueva legislación antiterrorista que ofrece las garantías del debido proceso. "De tal manera que corresponde que se apersone y responda antes jueces nacionales porque es un caso abierto", convino.
Pese a ello, el caso de Feria Tinta tendría como antecedente la sentencia dada el 2006 por la Corte a raíz del caso del Penal Castro y Castro. Por ello, el congresista Yehude Simon apuntó que el Estado siempre pierde, porque es incapaz de saber defenderse. "Después le echan la culpa a la CIDH", dijo.❧
Claves
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera advirtió que este caso podría repetirse si no se investigan los casos de violaciones de derechos humanos cometidos, además de saber diferenciar la defensa política de la judicial ante la Corte de San José.